Los acontecimientos acaecidos en torno al servicio de limpieza de dependencias municipales, con una demora en el concurso de adjudicación, cerca de los dos años desde que concluye la vigencia del anterior, y la imputación de un funcionario de la Concejalía de Servicios Generales en la Operación Pokémon de corrupción que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, son argumentos suficientes para los grupos de la oposición, PP y DO, para reclamar al gobierno socialista datos sobre todo el proceso que se está llevando a cabo, por considerar de "especial gravedad" estos hechos.

A este respecto, considera "preocupante" que por parte del gobierno se justificase la necesidad de sustituir al técnico que tenía encomendada la función de informar las ofertas técnicas que se presentaron al concurso, entre las que se encuentra la empresa del grupo Vendex, PAU, que sigue realizando el servicio, por estar de baja, y no por su imputación en la Operación Pokémon, precisamente vinculada a su actuación con el informe que realizó en su momento, y que llevó a la anulación del procedimiento, después de que PAU presentase alegaciones.

Es por eso que tanto populares como Democracia Ourensana advierten sobre la necesidad de que estas y otras cuestiones, con especial incidencia en el desarrollo del proceso seguido, sean objeto de explicación, y no ceñirse a una nota oficial en la que se pretende restar importancia a todo lo sucedido, sobre todo sin tener claro que pueda producirse nuevas incidencias.

Los cambios que se produjeron en el proceso de adjudicación, con tres intentos fallidos, según los datos a los que tuvo acceso FARO, debido a supuestas "deficiencias" detectadas en los expedientes de contratación publicados, así como las "irregularidades" que se plasman en los informes de fiscalización de la Intervención municipal, y que llevaron al portavoz popular, Rosendo Fernández, a denunciar que se realizaron pagos "en fraude de ley". Lo que le llevó a denunciar la gestión realizada en este sentido por el anterior alcalde, Francisco Rodríguez, y el actual, Agustín Fernández.

Ajeno a está polémica y reiteradas denuncias de la oposición, desde el gobierno socialistas se anunció que el servicio de limpieza de dependencias municipales tendrá nuevo adjudicatario en el plazo de 2 o 3 meses, después de que la mesa de contratación analice las ofertas económicas.