La declaración que en su momento prestaron los funcionarios de la Diputación sobre las contrataciones realizadas son uno de los elementos relevantes para apuntalar la querella criminal que presentó el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, contra el expresidente, José Luis Baltar, al que acusa de un delito continuado de prevaricación, por contratar a dedo a 104 personas con contratos temporales.
Forman parte de la amplia documentación que juntamente con el escrito de querella, del que en su edición de ayer daba cuenta en exclusiva FARO, entregó el ministerio público en el Decanato de los Juzgados de Ourense, y que ahora tiene en su poder el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Leonardo Álvarez, que deberá pronunciarse sobre la admisión de la querella, que llevaría consigo a que todos estos funcionarios, y puede que alguno más, sean citados a declarar, así como el expresidente de la Diputación, aunque éste en condición de imputado, como solicita el fiscal jefe.
Entre los funcionarios que prestaron declaración en la Fiscalía se encuentra la gerente del Teatro Principal, la exnuera de José Luis Baltar, Olga Mojón, en donde se realizaron una serie de contrataciones, como la de ordenanzas y porteros de mantenimiento, y eso a pesar de estar documentadas las importante perdidas que tiene durante los últimos años.
También acudieron a la Fiscalía la mayoría de los responsables de los diferentes servicios de la institución provincial a los que posteriormente fueron asignados la mayoría de las 104 personas contratadas por José Luis Baltar. El proceso que se seguía, tal y como se concreta en el escrito de la querella, era la peticiones "genéricas" por parte de estos responsables de personal temporal que luego procedía a contratar, a través de decretos el expresidente, pero sin seguir el correspondiente procedimiento "legal", como sostiene el fiscal.
En concreto, las contrataciones realizadas eran para un total de 15 servicios del organismo provincial, desde el Centro Cultural, la biblioteca, vías y obras, imprenta provincial, negociado de formación, servicio de fomento de empleo, parque de maquinaria y taller, servicio de cooperación, el de gobierno y régimen interior, aguas y medio ambiente, intervención, informática y nuevas tecnologías, agricultura, además del Teatro Principal.
También se realizaron contrataciones de personal temporal destinados a diversos concellos de la provincia, como las del Inorde, organismo dependiente de la Diputación, con un "informe sin fecha indicando las labores ya realizadas por uno de los contratados", como destaca el escrito de querella.
Otro de los que acudió a la Fiscalía a prestar declaración fue el responsable del servicio de Recursos Humanos, José Luis Suárez, al que los socialistas, que presentaron la denuncia, consideran clave en todo el proceso seguido en las contrataciones que formalizó José Luis Baltar.
Sin informes
Así se desprende de la referencia que hace el fiscal jefe en su escrito, en el sentido de que "en otros casos -de las contrataciones- ni tan siquiera existió ese previo informe del jefe de servicio correspondiente, y en otro relevante número de casos simplemente existió un escrito del propio querellado, José Luis Baltar, dirigido al servicio de Recursos Humanos", y en el que "ordenaba proceder a la contratación para cubrir determinados puestos que se identificaban".
De ahí, que después de la declaración de José Luis Suárez, el fiscal jefe concluya que "el único antecedente no era ya un informe de un jefe de servicio sino una propia petición del propio José Luis Baltar", y hace referencia a un escrito, de fecha 8 de enero de 2010, en la que "ordenaba dichas contrataciones", por considerarlas "urgentes e inaplazables", y en función de lo que el propio expresidente de la Diputación denominaba "solicitudes formuladas por los Ayuntamientos o Mancomunidades afectadas ante la propia presidencia".
Una formula ésta que sin referencia documental en el expediente de contratación, supone "encubrir el mero acto de pura discrecionalidad de la contratación", como así lo plasma en la querella el fiscal, que también hace referencia a la duración de los contratos realizado, cuyo límite, que en la mayoría de los casos era de 3 meses, como establecía la Ordenanza provincial, "se excedió ampliamente".
