25 de octubre de 2012
25.10.2012

Los abogados cogen la pancarta contra el "tasazo"

Los letrados se manifiestan el próximo miércoles en Ourense tras impulsar el PP en el Congreso, solo con sus votos, la ley que encarecerá la justicia - Los decanos de Galicia se reúnen este viernes para estudiar medidas coordinadas

25.10.2012 | 09:30
Los abogados rechazaron las tasas en una asamblea. // Iñaki Osorio

Los abogados llevarán a la puerta de los juzgados de toda España -y Ourense sobresale en el mapa de movilizaciones desde que el colectivo anunció su oposición decidida- la protesta firme y pública contra el proyecto de tasas judiciales impulsado el pasado lunes por el PP, solo con sus votos, en el Congreso de los Diputados. Los populares aplicaron el rodillo de la mayoría para tumbar las enmiendas a la totalidad de los partidos de oposición. La rebelión de los letrados contra la iniciativa del ministro Ruiz-Gallardón se muda a la calle. Por iniciativa del colectivo de abogados jóvenes, en una respuesta coordinada a escala nacional, los togados secundarán en Ourense una concentración el próximo 31 de octubre a mediodía, a las puertas del Pazo de Xustiza. "En defensa de la ciudadanía, no a las tasas judiciales". Esa será su pancarta.

La medida que encarecerá con un gravamen recaudatorio y generalizado el uso de la justicia salvo en la jurisdicción penal, la mayoritaria, -hasta 800 euros por apelar una primera sentencia civil y contenciosa, 350 por una acción contra la administración, 500 por apelar una sentencia de lo Social como una reclamación salarial o un fallo adverso en materia de despido- se encamina a su aprobación a la espera de que el texto pase el trámite del Senado y regrese a la Carrera de San Jerónimo. Colectivos como jueces, fiscales y secretarios desaprobaron la medida. En Ourense, autoridades de máximo peso como el presidente de la Audiencia, Fernando Alañón, reprocharon su "discriminación injustificada".

"Tenemos que arreciar en nuestras protestas, tenemos que ser mucho más activos para que todos esos partidos políticos, sectores sociales y profesionales de la judicatura que hoy reprueban las tasas judiciales y creen que son inconstitucionales, sigan opinando y pensando lo mismo el 1 de enero de 2013", fecha en la que entrarán en vigor si el Gobierno sigue aplicando su mayoría en las dos cámaras. Son palabras del abogado de Ourense, Miguel Caride, miembro de la junta de gobierno y uno de los profesionales más decididos a plantear un pulso para que no decaiga el rechazo a una iniciativa que consideran un ataque contra la tutela judicial efectiva, un derecho fundamental reconocido en la Constitución.

Los abogados de Ourense han distribuido folletos, colgarán una pancarta de la sede del Colegio y se han organizado en la red a través del grupo "No a la justicia para ricos" en la red social Facebook que define en un simple concepto su opinión del proyecto ministerial. La manifestación del 31-O es una de las medidas que articula la profesión para oponerse a la ley. Antes, el viernes de esta semana, justo ante de la inauguración del curso judicial en el TSXG, el Consello da Abogacía Galega celebra un pleno en el que los decanos de los cuatro colegios provinciales definirán medidas coordinadas.

El "tasazo" amenaza con que el 15 y el 20% de los procedimientos actuales (45.000 en todas las instancias y jurisdicciones) desaparezcan del juzgado al disuadir a los usuarios. Presentar un pleito contra la administración, para demandarla por ejemplo por una negligencia médica, costará 350 euros. Recurrir una multa de tráfico, 200 euros. Apelar una sentencia de divorcio, 800. El importe no será reembolsable aunque quien litigue gane. Al coste del tributo habrá que sumarle los honorarios de abogado y procurador así como un 0,5% de la cuantía del pleito en concepto de "importe variable".

El Gobierno desoyó las críticas de los partidos de la oposición, que no descartan que el proyecto pueda ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. A través de enmiendas introducidas por el propio PP, sí hubo correcciones. El ejecutivo elevará el umbral para la justicia gratuita -el servicio que pretende garantizar con la recaudación por las tasas- y persigue que no haya "abuso" del recurso a los tribunales. Se bonificará el 60% de la tasa si hay acuerdo entre las partes, un 20% cuando se acumulen procesos y un 10% para incentivar la utilización de medios telemáticos para la presentación de escritos en los juzgados. El cambio más relevante es la exención del pago en las reclamaciones de deudas de hasta 2.000 euros, frente a la tasa de 150 euros propuesta en el anteproyecto.

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