Faltan horas aún para la multitudinaria manifestación del 19 de julio en Ourense y Roberto Castro ultima por teléfono la estrategia policial con un mando de la Comisaría. La última concentración dejó varios incidentes contra la sede del PP. El subdelegado maneja palabras de moderado optimismo en plena ebullición de la crisis y es comprensivo, aunque pide solidaridad y esfuerzo, con el descontento de amplio espectro que hace mella en sus propia plantilla. Más de 1.100 agentes a sus órdenes en la provincia perderán, por segunda vez en dos año, una parte de su salario. Los actos e inauguraciones que dulcificaban un cargo como el suyo antes de la recesión, se reducen a planes y promesas por concretar. Castro confía en que el AVE resista la tijera del gasto en un horizonte de un posible rescate. Tras cinco meses al frente de la Subdelegación del Gobierno, el ourensano hace balance del estado de la provincia con FARO.

–Ser la cara del Gobierno con una sucesión de recortes, incumplimientos electorales y malas noticias, parecerá una pesadilla en comparación con los tiempos de inauguraciones y bonanza de sus predecesores.

–El Gobierno está para responder a la situación que vive. A nosotros nos ha tocado esta situación compleja y el temple de los cargos políticos aparece y se ve en los momentos difíciles. En época de vacas gordas y tranquilidad, las cosas se hacen casi solas. El Gobierno de España está realizando una labor sensata que necesita de la complicidad de la ciudadanía.

–Pero los indicadores económicos que servían de retórica frente al ejecutivo anterior van a peor. ¿Esperaban tener que gobernar en una situación tan extrema y afrontar tanto desgaste?

–Como representante del Gobierno en esta provincia puedo decir que preocupa menos el desgaste político y personal, y más que el trabajo que hay que hacer sea eficiente y eficaz. Nos preocupa más que las medidas sean acertadas a salir indemnes políticamente.

–En unos meses Ourense ha pasado de cierta indiferencia a movilizaciones en la calle casi a diario. [Horas después, entre 15.000 y 25.000 personas se manifestaban en la ciudad contra los recortes batiendo registros históricos]

–La calle es de la ciudadanía, una propiedad indudable siempre que la movilización sea ordenada y sensata. En todo caso, por muy numerosas que sean las manifestaciones, que hay que escuchar y atender, también hay que valorarlas en proporción con los habitantes de una ciudad como Ourense que pasa de 100.000 habitantes. Yo solo demando una cosa, las manifestaciones, autorizadas por la Constitución, y que solo hay que comunicar aunque no siempre se haga, deben celebrarse en paz.

–No había policía uniformada en la concentración frente a la sede del PP que acabó con graves incidentes. ¿Temen un incremento de las alteraciones del orden público?.

–Siempre que un ciudadano decide extralimitarse en sus derechos es muy difícil prever y no se puede poner a un agente al lado de cada persona. Este tipo de actuaciones con asaltos a sedes de organizaciones, daños en el mobiliario público y riesgo para los inmuebles están fuera de toda lógica y al margen de la democracia. Para protestar no hace falta destrozar nada. Ahora bien, que sepan los que los que se comportan así que la Policía, Guardia Civil y Policía Local, dentro de sus competencias y coordinados, van a actuar dentro de la normativa pero sin permitir que nadie se extralimite en el ejercicio de sus derechos.

–Al día siguiente uno de los implicados en el ataque a la sede ocasionó actos vandálicos en una oficina del Inem. En mayo otros participaron en una airada protesta contra Núñez Feijóo. ¿Les preocupa que sean cada vez más frecuentes los actos de tensión en la calle?

–Siempre que suceden actos de este tipo hay preocupación, pero que nadie dude. La Policía va a seguir identificando y poniendo a disposición de la justicia a quienes traspasan determinadas líneas. Por mi parte nunca voy a estar satisfecho en ningún ámbito aunque hayamos aumentado la eficacia policial un 20% en el caso de delitos en la capital, más de un 15% las detenciones y más de un 28% los delitos y faltas esclarecidos en los primeros meses del año.

–Pero la estadística de Interior también dice que Ourense es la provincia gallega donde más creció la delincuencia en el primer trimestre, con un aumento del 79%, por ejemplo, de los asaltos y robos con fuerza en viviendas, que sumaron casi 100 casos en solo tres meses.

–Es cierto que se ha aumentado un poco determinadas actividades delictivas pero las estadísticas hay que mirarlas con detenimiento porque pueden despistar. En España, siendo un país de los razonablemente seguros de Europa, estamos en una tasa de 48 por 1000 de delitos; en Galicia estamos en torno al 27 por 1000, es decir casi la mitad, y en Ourense provincia nos situamos alrededor del 23 por 1000. En el cómputo de la estadística, es evidente que somos una provincia segura pero yo no me confundo. Aunque solo haya un ciudadano que se siente preocupado y afectado, sea un robo en un galpón o el hurto de un móvil, no me gratificarán las estadísticas.

–¿Las fuerzas de seguridad tienen todos los medios que necesitan? Un aparato averiado más de un año complicó la coordinación entre Comisaría y Policía Local, y el SUP se ha quejado por tener que compartir cascos y mascarillas.

–A todos los profesionales nos haría falta una herramienta nueva pero, en este contexto económico, los medios de los que disponemos son suficientemente útiles y proporcionados al momento en el que nos encontramos y al número de efectivos que tenemos. Yo diría que no existe motivo de especial preocupación.

–Guardias civiles, policías, agentes de Tráfico y municipales soportaron en 2010 un recorte del 5% del sueldo y ahora la pérdida de una paga extra y de derechos. ¿Teme una caída de la actividad por desánimo y que esto revierta en la seguridad?

–Si hay funcionarios que sé que a pesar de las dificultades por los ajustes y los recortes van a estar con profesionalidad en defensa de los intereses de los ciudadanos y cumpliendo escrupulosamente con su trabajo son los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Sé de su sacrificio, de su dedicación, han arriesgado su vid en situaciones complicadas y, aunque les moleste seguro en este momento y tienen todo el derecho a sentirse preocupados, creo que eso no lo trasladarán a su trabajo y estoy convencido además que tenemos una Policía Nacional, una Guardia Civil y unos cuerpos municipales abnegados, trabajadores y entregados a la causa de la defensa de los intereses de los ciudadanos.

–¿De esta crisis voraz que lo cuestiona todo se salvará de la quema el AVE a Galicia?

–Yo estoy convencido de que sí porque veo a una ministra como Ana Pastor [titular de Fomento] muy comprometida con Galicia, decidida a poner el ramo final a esa obra que sabemos que es muy difícil por un territorio orográficamente muy complejo. La actual vía de ferrocarril que circula más o menos por ese trazado tardó en construirse más de 30 años y esta obra, difícil y compleja, estoy convencido de que traerá la posibilidad de viajar de Ourense a Madrid en poco más de dos horas sin esperar muchos años.

–¿Y el plazo importa?

–El plazo importa mucho pero si puede haber retrasos para construir una casa imagínese lo que puede pasar con el AVE. Los retrasos por falta de voluntad política u otras motivaciones sí que no serían razonables y este gobierno no los contempla ni está dispuesto a tolerarlos. Cuanto antes tengamos el AVE, mejor, pero un gobierno responsable tiene que asegurarse mucho en dar una referencia de plazos.

–¿Es responsable plantear una nueva estación de 67 millones de euros para con una integración urbana prevista de más de 500 millones? El edificio actual cumple el servicio para la conexión Avant con Santiago y A Coruña

–Si lo vemos con los ojos de crisis, hoy, y pensando que el proyecto va a durar 20 años, no es razonable y puede parecer una barbaridad. Pero la estación [adjudicada al Príncipe de Asturias Norman Foster con socios locales] es una obra de envergadura vista con un horizonte amplio, pensando en que trascenderá el siglo. Por lo tanto, lo que hoy nos cuesta 70 millones de euros en el contexto de un siglo puede ser incluso barato, todo depende. Lo importante no es si nos gastamos 70 millones, o 50 o 25., sino si esa obra está bien planificada, si integra otros servicios como autobuses, taxis y espacios públicos, aspectos comerciales, y mirando con una perspectiva más allá de la crisis.