El plan operativo y de gestión "Ourense 92" presentado el pasado viernes por el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, para ahorrar 6 millones de euros no es más que "un brindis al sol" y una lista de medidas "sin concreción", según el grupo provincial del BNG, que ayer alertó de que iniciativas como la disolución de Urbaourense "engordarán" todavía más el gasto de la institución, que en este caso se ha comprometido a asumir a partir de 2013 las competencias urbanísticas y la ejecución de los proyectos en marcha. También podría suponerle un sobregasto en personal, ya que el gerente José Cudeiro quiere que la Diputación integre en la plantilla provincial a los tres trabajadores de la sociedad, él incluido, hasta finalizar lo iniciado.
Pero además, el diputado nacionalista y miembro del consejo de administración de la sociedad, Leopoldo Rodríguez Puga, reveló ayer que José Cudeiro podría recibir por el cierre de la sociedad una indemnización neta de 220.000 euros en aplicación del contrato suscrito en 2008 con la Diputación, año en el que (bajo el mando del expresidente José Luis Baltar) se constituyó la sociedad urbanística para crear suelo industrial y desarrollar vivienda pública en la provincia. Así lo contempla la cláusula VIII del acuerdo en el que se detallan los supuestos de extinción del contrato, así como las indemnizaciones correspondientes. El punto 1 recoge la posibilidad de "desistimiento de la empresa", en cuyo caso el gerente recibirá dos anualidades de su salario incluyendo el complemento variable por cumplimiento de objetivos.
El BNG, que defiende la desaparición de las diputaciones y sus organismos autónomos por considerarlos "inoperantes y despilfarradores", ya avisó el pasado marzo de los sucesivos "premios" que venía recibiendo el gerente de Urbaourense por dirigir una sociedad que arrastra pérdidas desde su creación y que cada año presenta balances económicos negativos. A pesar de ello, el consejo de administración aprobó el 12 de marzo con el voto en contra de los nacionalistas y la abstención del PSOE, autorizar el pago de un plus al gerente por haber cumplido en 2011 el 100% de los objetivos cualitativos y cuantitativos fijados por él mismo, lo que engordó el salario anual de 75.000 euros del gerente con la retribución complementaria máxima de 35.000 euros netos.
Leopoldo Rodríguez considera "difícilmente justificable" que mientras el resto de los trabajadores de la Diputación verán recortados su derechos laborales por la modificación de los acuerdos reguladores que ahorrarán 710.000 euros anuales a la institución, el gerente de una sociedad que "solo declara pérdidas año tras año" reciba como premio "una gratificación y además de tal magnitud". Recuerda que la Diputación ha inyectado a Urbaourense 22 millones de euros desde que se constituyó.
Por su parte, el presidente Manuel Baltar defendió la disolución de la sociedad para recuperar más de 2 millones de euros en liquidez y hablará con los tres trabajadores para "buscar soluciones individuales".
Una cláusula de "desistimiento" que "no existe en derecho laboral"
El BNG ha consultado el contrato con jurídicos que han asegurado que la figura del "desistimiento de la empresa" no existe en derecho laboral: "Un despido puede realizarse por causas objetivas o no objetivas, pero el desistimiento solo existe en derecho civil y contencioso administrativo". Sostiene el diputado Leopoldo Rodríguez que el caso de Urbaourense responde claramente a cuestiones objetivas por pérdidas económicas, por lo que la rescisión de los contratos del personal debería regirse por lo que establece la nueva normativa laboral y, en ningún caso, "generando otro tipo de beneficios económicos más allá de los fijados por ley".
Rodríguez Puga pide a Manuel Baltar que explique a los ciudadanos cual es la "letra pequeña" de este contrato, que también garantiza una indemnización neta de 110.000 euros para José Cudeiro en el caso de que fuese este el que decidiese voluntariamente abandonar la sociedad ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, retraso en el pago de los salarios o incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales.
