31 de agosto de 2011
31.08.2011

Cinco años asaltados por el miedo

El temor y el silencio envuelven a las víctimas y al entorno del presunto homicida ourensano de un taxista que ya burló una condena prescrita tras atracar, en 2006, un chalé de O Cumial

31.08.2011 | 09:59
El chalé donde sucedió el atraco fue vendido por los propietarios después de los hechos. // Iñaki Osorio

José Manuel García Barata irá a juicio por el asesinato en 2010 de un taxista durante un tiroteo en Salamanca enmarcado en la lucha de clanes. El joven ourensano, que salió impune de un atraco en O Cumial, se enfrenta a seis delitos acompañado en el banquillo por la suegra que lo encubrió. En el entorno de las víctimas de sus presuntos delitos, y también entre algunos allegados, impera la ley del silencio. Barata afronta la responsabilidad de la muerte de un hombre al igual que la que condenó a su padre años atrás. Su relación es el ejemplo de la lucha entre familias.

Del atraco ocurrido el mes de agosto de hace cinco años en un chalé de O Cumial quedan el pasado, miedo y respuestas calladas. Las víctimas, que se deshicieron de la casa poco después de los hechos, viven al final de un largo túnel y eluden mentar la historia para pasar página. La ley del silencio impera en el entorno próximo de uno de los atracadores, el joven ourensano José Manuel García Barata, procesado por el asesinato de un taxista en Salamanca y en libertad a la espera de juicio. El cierre de filas escama a las acusaciones personadas en el homicidio del conductor. Les soprende la actitud del cliente del taxi que se libró de la muerte cuando parecía ser objetivo de una venganza entre clanes. Sin embargo, el ocupante no se ha personado en el juicio que afronta el joven ourensano tras salir impune del atraco al chalé de O Cumial al prescribir su condena, como ayer relataba FARO.
Tres hombres fueron sentenciados a 22 años de cárcel por encañonar y encerrar en el sótano a la mujer de un constructor en agosto de 2006. José Manuel García Barata, entonces menor, fue condenado en firme pero burló a la justicia y a las fuerzas de seguridad a pesar de que permaneció durante años en busca y captura. Incumplió el plazo de ingreso voluntario y no respondió a los avisos a su domicilio. La orden judicial a las fuerzas de seguridad tampoco dio sus frutos. Una posible falta de diligencia en el sistema tuvo consecuencias nefastas y una macabra similitud con el asesinato de la pequeña Mari Luz. El joven, miembro de un clan merchero, acabó presuntamente con la vida del taxista cuando debía estar en reclusión.
Barata observó a R.G.A. subirse al vehículo y lo siguió en su coche sin tener carné a toda velocidad. Cuando el taxi accedía a una rotonda, el joven disparó varias veces su arma. Una bala mató al chófer. El procesado se enfrenta a la suma de seis delitos, incluidos el de asesinato consumado y otro en grado de tentativa, y acompañará en el banquillo a su suegra, acusada de deshacerse del Audi que el procesado usó en crimen para luego huir hasta su domicilio de El Cubo del Vino, en la provincia de Zamora. La mujer se llevó el coche en bata y zapatillas.
El asesinato aceleró las investigaciones y precipitó su arresto meses después. En noviembre del año pasado cayó cuando se ocultaba entre vendedores ambulantes que intentaban facilitarle una nueva fuga. Usaba un DNI a nombre de un hermano y utilizaba un Audi pese a no tener carné. La detención que se hizo esperar tres años llegó tarde por muy poco. Quince días libraron al joven atracador de tener que cumplir su condena. Trasladado desde Salamanca a un centro de menores en Ourense, apenas permaneció recluido veinte días. La Audiencia lo dejó salir reconociendo la prescripción del delito pero censurando que, desde que en octubre de 2007 se dictó la sentencia en firme, "ninguna actividad tendente a la ejecución de sustancial contenido fue llevada a efecto".
Fuentes judiciales y policiales desoyen las voces críticas sobre una grieta abierta en el sistema, reproches que surgen sobre todo desde el entorno del taxista asesinado a poco más de un año de poder jubilarse. En medios policiales se admite que las tareas de localización tienen en cuenta la peligrosidad del convicto, pero rechaza calificar de "error" la excesiva tardanza en conseguir un arresto que, por otra parte, fue dirigido desde Salamanca. "No se puede y no sería operativo tener a un grupo exclusivamente para localizar a una persona", valoran estas fuentes.
Mientras, autoridades judiciales defienden la labor de la magistrada de Menores, que ayer rehusó atender a este periódico. "No es un caso de dejadez ni hay motivos ni quejas sobre algún hecho parecido que le tocara a este juzgado". Estas voces completan que "esta jueza, en concreto, tiene fama de ser muy dura con sus penas". No obstante y según la estadística del CGPJ, el Juzgado de Menores de Ourense arrastraba, a finales de año pasado, 95 sentencias firmes pendientes de ser ejecutadas.

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