Los portavoces de las coordinadoras comarcales contra la instalación de una planta incineradora de residuos sólidos en el sur de Galicia se reunieron ayer con miembros de las asociaciones ecologistas Greenpeace y Amigos de la Tierra para conocer las alternativas posibles a este proyecto y los perjuicios que trae consigo.

Los responsables de las iniciativas ciudadanas surgidas en A Limia, O Ribeiro, Celanova-Verea y A Peroxa, se reunieron ayer en la Casa da Xuventude de Ourense para poner en común sus sospechas y comprometer esfuerzos contra la posible ubicación de la incineradora. Su intención es constituir una coordinadora provincial cuya primera misión será exigir a la Xunta de Galicia "que diga antes del 22-M cuál será la ubicación definitiva para la incineradora" y pedir también que "desautorice" al presidente de la Diputación, José Luis Baltar, como "interlocutor". Según la responsable de la plataforma de O Ribeiro, Marta González, "el proyecto es de la Xunta y quien tiene que informar es el presidente Alberto Núñez, o el conselleiro de Medio Ambiente, pero no Baltar".

El portavoz del colectivo de A Limia, Luis Fariñas, mostró su interés por iniciar "actuacións conxuntas" contra la incineradora y "tratar de movilizar á xente", si bien descarta por el momento convocar alguna manifestación. Conscientes de que la Xunta no desvelará la localización de la planta "antes del 22-M" por tratarse de un proyecto "impopular", las coordinadoras comarcales harán su particular "contracampaña" informando a los vecinos de los perjuicios de la incineradora. Según explicaron ayer, las emisiones contienen una gran cantidad de elementos tóxicos y peligrosos para la salud; además, la opción de construir una planta es la "más cara" para los municipios y ciudadanos, al tiempo que genera menos puestos de trabajo que otras alternativas más ecológicas. Según explicó el responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace, Julio Barea, de gira por las localidades de España con proyectos de incineradoras, "el reciclaje puede crear entre 7 y 39 veces más empleo que la incineración".

El movimiento ciudadano contra la incineradora sostiene que este proyecto es "una locura" y buscará la implicación en su causa de colectivos empresariales como la hostelería.