21 de septiembre de 2009
21.09.2009

Baltar aguarda un recorte superior al 15% en las inversiones del Estado en la provincia

Reconoce que la Diputación de Ourense no puede aportar fondos adicionales, para paliar la caída de las aportaciones estatales, porque se encuentra "próxima al límite del endeudamiento permitido"

21.09.2009 | 03:03
José Luis Baltar, en la Diputación de Ourense.

El presidente de la Diputación, José Luis Baltar, aguarda un recorte "como mínimo del 15%" en las inversiones del Estado en la provincia de Ourense. Permanece a la espera de conocer los datos definitivos, para hacer una reestructuración del gasto en la institución provincial. Reconoce que la Diputación no puede aportar fondos adicionales, para paliar el recorte de partidas de la Administración central, porque se encuentra próxima al "límite de endeudamiento máximo permitido". Sin embargo, apuesta por mantener el nivel de inversión de los planes provinciales, de los que cada concello de la provincia recibe 43.000 euros, porque "ya no se pueden bajar más, después del recorte realizado por Rodríguez Zapatero".
Baltar no alberga dudas sobre la drástica caída que experimentarán las aportaciones de la Administración central, porque parte de los ingresos que reciben las diputaciones, "se realizan en función de la recaudación que hace el Estado". La cantidad definitiva se conocerá a finales de este mes o principios de octubre.
En principio, el grupo de gobierno de la Diputación descarta recurrir al endeudamiento, aunque el descenso de las aportaciones del Estado sea brusco. Baltar recuerda que la institución "tiene una tasa de endeudamiento bastante fuerte, por lo que disponemos de poco margen de maniobra, en ese aspecto". Y señala: "Si nos podemos defender, desde luego no vamos a recurrir al endeudamiento".
Considera que las inversiones acometidas por medio del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E), que puso en marcha la Administración central para evitar la destrucción de puestos de trabajo, "no palía la situación". Y lamenta que las diputaciones quedaran "al margen del gasto realizado". Admite que son beneficiosas las obras que se hicieron, "pero debido a la urgencia que les imprimió el Gobierno, a muchos concellos no les dio tiempo a pensar cuáles eran los proyectos más idóneos. Probablemente se gastó el dinero en obras que no eran las más necesarias, ni las más productivas ni las más importantes. Ese fue el error".
Pese a las críticas, Baltar contempla el Plan E como positivo. "Pero el gasto de 8.000 millones de euros, si se hace con más cabeza, con más tranquilidad, los resultados serían mucho más satisfactorios". Considera que fue "una bolsa de oxígeno para muy poco tiempo", al obligar a las empresas a que contrataran a gente del paro, en lugar de orientarlo hacia la consolidación de empleo estable, brindándole avales económicos o una financiación adecuada.
También tilda de "error importante" que la Administración central dejara al margen de las inversiones a las diputaciones, porque son entidades que disponen de medios y de mucha experiencia acumulada sobre las necesidades más urgentes de los concellos. "Si permitieran que las diputaciones pusieran todos sus recursos a disposición del Plan E, se lograría un efecto multiplicador".
Baltar teme que Ourense tenga que encajar una "fuerte destrucción de empleo" en los próximos meses, aunque reconoce que el varapalo será de menor calado que el que sufran las provincias de mayor industrialización. "La crisis se está cebando de una forma especial con las zonas industrializadas", admite.
El presidente de la Diputación realiza un pronóstico poco optimista, sobre la salida de esta situación, al considerar que la crisis "se arrastrará a lo largo de todo el año 2010", dependiendo de la evolución de otros países y de las medidas que adopte el Gobierno central. En ese sentido, agrega: "El cierre de empresas y la pérdida de empleo, genera una corriente que será muy difícil de superar".
Baltar no percibe por ninguna parte brotes verdes, porque "no vamos por el camino correcto". Sostiene que el Gobierno central no ha adoptado medidas para que las empresas viables puedan disponer de liquidez suficiente, con la que hacer frente al descenso de ventas y a la demora de cobros.

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