Los tres ediles de la oposición de Rairiz de Veiga han pedido ayer la dimisión del alcalde, Xaquín Rodríguez Ambrosio, del BNG, por acumular sanciones de despidos de trabajadores, retrasar el pago a los proveedores y por consumo fraudulento de gasóleo.
En un pleno extraordinario celebrado ayer, los dos concejales del PP y uno del PSOE pidieron la dimisión del regidor a lo que éste respondió que no dejará el cargo y anunció la posibilidad de volver a presentarse a las elecciones municipales.
El primer edil nacionalista indicó en respuesta a la oposición que "volveré a someterme, o no, al veredicto de los vecinos dentro de dos años".
El portavoz del PPdeG, José Francisco Limia, recordó que la Guardia Civil denunció el uso de gasóleo B en vehículos del parque móvil del Ayuntamiento a lo que el alcalde respondió que hará frente a la posible sanción administrativa "que no llegará a los dos mil euros" y criticó que la inspección que detectó ese gasóleo en dos vehículos no agrícolas fue promovida por alguien de la oposición.
Según Fernández Ambrosio, esa situación "fue puntual" y dijo poder demostrarlo con las facturas de combustible de los años 2007, 2008 y 2009, en las que se detalla el consumo de gasóleo A, B –en dos tractores desbrozadores– y C "y las cifras están totalmente justificadas y certificadas por un informe de la Secretaria municipal".
El regidor animó a PP y PSOE a ir al juzgado con ese asunto y recordó que no hay investigación abierta ni precintado de depósitos "sino sólo intención de la oposición de llenar de mierda todo".
El portavoz del PSOE, Eulogio Fernández, intervino para recordar que también sale caro al Ayuntamiento la política de personal del alcalde, pues hay ocho sentencias por despidos de las que alguna ya es firme y conlleva pago de sanciones.
En ese sentido, Fernández dijo después a Efe que la Fiscalía de Ourense tiene, desde el mes de agosto de 2008, "toda la documentación relativa al sistema de contratación que se sigue en este Ayuntamiento, pues entra gente que ni siquiera está en el INEM y hay hasta 60 informes de ilegalidad en este ámbito".
Según el edil socialista, la Fiscalía ya comenzó a tomar declaraciones "y pidió una prórroga de seis meses para seguir con las indagaciones previas".
En la sesión del pleno, el edil del PSOE urgió al alcalde que se ciña a la legislación vigente "y que trate por igual a todos los trabajadores, porque incluso a los que mete el BNG, se les echa con el consiguiente perjuicio económico para las arcas públicas, ocasionado por la actitud personal del alcalde".
