El Concello de Ourense anunció ayer que realizará una inspección de las instalaciones de la empresa Sugasa, en Castro de Beiro, para constatar qué tipo de actividad se está desarrollando en las mismas y, sobre todo, si concuerda con la recogida por la licencia municipal para tratamiento de grasas. De esta forma, el gobierno local responde a las quejas formuladas en reiteradas ocasiones por los vecinos del barrio de Canedo a causa del hedor que desprende la fábrica.
La concejalía de Medio Ambiente que dirige Demetrio Espinosa anunció que a objeto de lograr una evaluación completa de la situación, los técnicos municipales contarán en este trabajo con el apoyo de una empresa especializada en auditorías ambientales.
A través de esta investigación, el Concello de Ourense pretende analizar y, en su caso cuantificar, la existencia de elementos volátiles en la atmósfera. Espinosa entiende que los humos y olores que los vecinos vienen denunciando desde hace años pueden ser indicios de la presencia de elementos contaminantes, si bien queda en manos de la empresa auditora cuantificar la posible toxicidad. Para ello, la entidad contratada cuenta con equipos y tecnología adecuada.
Asimismo, el departamento de Gobernación del Concello ha trasladado a las delegaciones provinciales de las Consellerías de Sanidade y Medio Ambiente de la Xunta las denuncias contra Sugasa presentadas por los vecinos ante la Policía Local. Espinosa explica que se ha obrado así “por entender que son estos los organismos competentes para iniciar la tramitación de los expedientes de investigación acerca de la situación denunciada (en referencia a los malos olores)”.
Por otro lado, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha iniciado su propia investigación sobre la situación de Sugasa con la toma de muestras en el arroyo Portos que recorre las inmediaciones de la empresa antes de desembocar en el río Miño. La asociación vecinal San Miguel de Canedo adjuntó como prueba en la querella que presentaron el lunes en el Juzgado una analítica realizada por el Centro de Investigaciones Submarinas de Santiago y que revela la presencia de contaminación crónica en las aguas del regato. La Confederación Hidrográfica comprobará por su cuenta la calidad de las aguas para confirmar la existencia de vertidos.
Por su parte, los vecinos afectados se muestran escépticos ante estas medidas pues dicen estar “hartos de que vengan, miren y digan que todo está correcto”, en palabras de la presidenta María Victoria Lamas. “Lo que queremos son soluciones”.
