La aprobación definitiva de los presupuestos municipales para el presente ejercicio, que supera los 101, 2 millones de euros -a los que se le tienen que sumar los algo más de 4,1 millones del Consello Municipal de Deportes, con lo que la cuantía total es de 105,3 millones- estuvo precedida por un cruce de acusaciones entre el gobierno bipartito (PSOE y BNG) y el grupo de la oposición del Partido Popular durante la sesión plenaria celebrada ayer.
El concejal de Economía, Agustín Fernández, fue especialmente duro, y así no dudó en calificar de “demagógicas e hipócritas” las acusaciones de “despilfarro” por parte del concejal popular Javier Rodríguez Nóvoa y recurrió a la comparativa con los presupuestos de la Diputación, cuyo presidente José Luis Baltar es edil en el Concello de Ourense.
Después de reprochar a los populares que confundan alegaciones con reclamaciones, con lo que “son inaceptables jurídicamente aceptarlas”, Fernández subrayó que mientras muchos concellos se encuentran “ahogados económicamente” el de Ourense cuenta con un superávit de 17 millones de euros, con un nivel de endeudamiento de un 53%, muy inferior a la media.
Y anunció, dentro de esa “solvencia económica” con que cuentan las arcas municipales, que se traduce en un ahorro real con un remanente de tesorería de 2008 que asciende a 21 millones de euros.
Sobre las críticas por gastos de protocolo y su división en Alcaldía y Tenencia de Alcaldía, Fernández dijo que es la misma que hizo el PP cuando gobernaba en 2007 y señaló que en la Diputación es “seis veces más”. Y sobre el gasto de personal, y en concreto de los directores generales, Fernández pidió a Rodríguez Nóvoa que mirase para la institución de la que es funcionario, en la que jefes de negociado, “que están por debajo de los jefes de servicio, cobran más de 55.000 euros brutos”.
Falta de rigor
El concejal del grupo popular Rodríguez Nóvoa dijo que “estamos ante unos presupuestos malos y del despilfarro”, y recalcó que “si hubiera un mínimo de rigor, éste presupuesto y el del año pasado no los hubiesen presentado”, y apuntaló la aseveración aludiendo al informe de Intervención, que “además de reprobarlos dice que son impugnables”.
Además de insistir en que la existencia de dos partidas diferentes de protocolo y comunicación, la de la Alcaldía -socialista-, y la de Tenencia de Alcaldía -los nacionalistas-, “es el mejor reflejo de que existen dos concellos”.
Sobre lo que volvió a insistir Rodríguez Nóvoa fue a la privatización del servicio de mantenimiento de las zonas verdes, con una cuantía que supera el medio millón de euros, cuando se podía hacer con los trabajadores municipales.
Y dejó una advertencia sobre el proceso que se va a seguir: “¡ojo con los vínculos de familiares de personas cercanas al grupo de gobierno de las empresas a las que se le puede adjudicar”, proceso al que “estaremos muy atentos”.
También reprochó el concejal popular que cada día “existan más partidas que son un cajón de sastre, sin nombre y apellidos concretos de proyectos y obras”, así como la utilización de las modificaciones presupuestarias, ya que llevan cinco “y van camino de batir todos los récords, después de anunciar una nueva, “incluso antes de que se aprobaran definitivamente los presupuestos”.
De ahí que presentase una propuesta de eliminación de una partida y el recorte de otras para destinar 1 millón de euros al Plan Estratégico Termal de Ourense y otro millón de euros para el “presupuesto participativo”. Planteamiento que molestó a Fernández, ya que es algo que “no hicieron durante los doce años de mandato del Partido Popular”.
Fernández amenaza con querellarse por supuestas calumnias
Agustín Fernández aludió ayer a la posibilidad de querellarse por un presunto delito de calumnias por parte del portavoz del PP, Enrique Nóvoa, en relación a las acusaciones del PP sobre presuntas irregularidades por la inclusión del proyecto de rehabilitación de un edificio del casco histórico para ubicar la sede de Urbanismo en el Plan Estatal de Inversión.
Fue al final del debate presupuestario cuando arremetió contra “los que me acusan de un delito de prevaricación”, en el que también incluyen a la concejala de Urbanismo, Aurea Soto, llegando a plantear que “pongan de su bolsillo el dinero, en caso de perderse los cerca de 2 millones de financiación”.
Fernández pidió a Nóvoa que vaya a la Fiscalía y aporte la documentación correspondiente y presente la denuncia o pida perdón por las “graves acusaciones”, de lo contrario el que acudirá a los tribunales de justicia “seré yo”.
El edil de Economía reconoció que fue el que defendió la inclusión del proyecto en el fondo, y proclamó que “cumple el concepto que establecen los criterios del Real Decreto del Gobierno del Estado”. Y subrayó que se le explicó el caso, sobre una posible demora en su ejecución, más de un año, a la ministra de Administraciones Pública y al secretario de Estado, que dieron el visto bueno.
