Los robos con intimidación se redujeron en un 40% en la provincia durante el pasado mes de marzo, según los datos que se manejaron ayer en la Subdelegación de Gobierno durante el desarrollo de la Junta Provincial de Seguridad.

En esta junta presidida por el subdelegado de Gobierno, Camilo Ocampo, y el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, estuvieron, entre otros, el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Ángel Barrera; el teniente coronel de la Guardia Civil, Benedicto González; el concejal de seguridad, Fernando Varela; la intendente de la Policía Local de Ourense, María Barrera, así como representantes de la federación de asociaciones de vecinos.

Durante la reunión se dio cuenta de un primer avance de los resultados de seguridad ciudadana en el primer trimestre del 2009.

En ese sentido, el comisario del Cuerpo Nacional de Policía Ángel Barrera, destacó el descenso en el apartado de robos con fuerza en el ámbito que él dirige. Así, sólo en el último mes de marzo el descenso fue del 40%.

Por otro lado, Barrera también recalcó la eficacia policial y por tanto el índice de esclarecimiento en los delitos contra las personas que se sitúa en el 85,57%.

Ante estos datos, la Junta de Seguridad valoró la colaboración entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local y la Guardia Civil como uno de los factores que han influido en la mejora de resultados en este primer trimestre y que fue, además, uno de los objetivos marcados en seguridad ciudadana en la anterior reunión celebrada a principios de año.

Un ejemplo de ello fue el caso de la investigación y resolución de la desaparición y asesinato de la joven brasileña de 26 años, María do Socorro da Silva, en el mes de febrero.

Delitos graves

En cuanto a otro de los resultados más importantes en cuanto a la seguridad ciudadana del pasado año, el Cuerpo Nacional de Policía ha constatado un incremento de la eficacia policial que sube un 3,18% con respecto al 2007 y en el número de detenidos que pasa de 552 detenidos en 2007 a 617, en 2008.

El comisario jefe, Ángel Barrera, también destacó el aumento de los robos con fuerza esclarecidos en un 9,36%, ya que se pasó del 30,33% del 2007 al 39,69%, del 2009.

Así y todo, en el último trimestre del año, se ha reducido en un 4,64% el número de delitos graves; dato que junto a la reducción en un 27% de los robos con violencia e intimidación y la estabilización de los robos en locales que apenas sufren variaciones permiten realizar un balance positivo de la seguridad ciudadana.

El balance general de la Junta de Seguridad en este sentido, es muy positivo, dado el aumento del número de casos en el último semestre de 2008, unos hechos que se habían relacionado en su día con la crisis.

El primer trimestre se saldó con 102 denuncias por maltrato

La Junta de Seguridad Local de Ourense también abordó la situación de la violencia de género, destacando que en el primer trimestre del 2009, se presentaron 102 denuncias por violencia de género en la provincia, de las que se concedieron 74 órdenes de protección.

En este sentido, confirmaron que en lo que va de año, se han realizado tres sesiones de la Comisión de Seguimiento de las víctimas de violencia de género, actuación que acordó potenciarse en al pasada junta de seguridad y que tiene como objetivo una colaboración más efectiva entre Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local, la Guardia Civil, representantes municipales, así como la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación de Gobierno y otras instituciones.

Otro de los puntos que se trataron fue la prevención de infracciones en materia de orden y salud pública.

En este aspecto y dado que el fenómeno social conocido como “botellón” es un problema transversal que debe implicar a la sociedad y a las administraciones, la Junta de seguridad local dentro de su ámbito competencia acordó incrementar los controles policiales del consumo y venta de alcohol a menores, intensificar los controles propios del Plan de Respuesta al tráfico y consumo minorista de drogas en zonas de ocio, así como los controles de armas prohibidas, como aspectos directamente relacionados con posibles infracciones penales.