El portavoz del grupo municipal del PP, Enrique Nóvoa, pidió ayer al alcalde que “exija” a los concejales que incluyeron el proyecto de rehabilitación de un edificio en el casco histórico que albergará el área de Urbanismo, que abonen de sus bolsillos el dinero de la obra si el Gobierno central finalmente lo retira.

“El alcalde debe exigir responsabilidades a su concejal de Hacienda, Agustín Fernández, y a la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, que fueron los que santificaron este proyecto de manera indebida”.

Y subrayó que el bipartito siguió adelante pese a las advertencias que en su día hizo tanto la intervención municipal como la oposición, del riesgo de perder los algo más de 1,5 millones de euros del presupuesto estatal “por poner una obra que no tiene el perfil de las que pueden financiarse con ese fondo.

Por lo que si el Ministerio de Administraciones Públicas decide revocar el presupuesto de ese proyecto “no será porque el PP o los técnicos municipales no lo advirtiéramos”, sino porque los dos concejales “actúan con tal prepotencia que incluso se saltan a la torera las reglas del juego que impone su propio partido desde el Gobierno central”, indicó

Nóvoa recordó al alcalde que el PP asumió ejercer una oposición constructiva, presentando propuestas en positivo, pero también tiene el mandato de ejercer el control al gobierno y advertirle de “posibles errores e irregularidades”.

De ahí que “la lealtad de la oposición está precisamente en ejercer ese control con responsabilidad, como es el caso”, por lo que entiende que el alcalde “no puede llamarle a eso boicot”, ya que lo que estaría esperando del PP es que “fuésemos cómplices de sus disparates”.

El portavoz popular recalcó que el proyecto del edificio de Urbanismo “no cumple ninguno de los requisitos que establecía el Estado para su inclusión en el Fondo Estatal de Inversión”.

Alude a que el primero y determinantes es que no se trata de un proyecto “de nueva creación”. Debido a que en la Junta de Gobierno de octubre de 2008 se aprobó el pliego de cláusulas administrativas por un importe total de 1,8 millones, y se fijaba para su ejecución un plazo plurianual (2008 y 2009).