La falta de planes de urbanismo frena la construcción en 62 concellos de la provincia de Ourense. Muchos de ellos nunca tuvieron regulada la actividad, mientras que otros recurren a una normativa que aprobaron hace veinte o treinta años. Esto restringe enormemente la posibilidad de realizar nuevos edificios, por lo que el presidente del Colegio Provincial de Arquitectos, Xan Rodríguez, urge a los alcaldes y a la Xunta que agilicen al máximo los trámites para paliar la crisis y evitar la pérdida de empleo en el sector.
La carga de trabajo de los 230 arquitectos de la provincia se ha reducido en casi un 50% debido a la crisis, resalta Xan Rodríguez.
En la actualidad sólo treinta concellos tienen plan de urbanismo, entre los que se encuentra el de Ourense, que ya acumula una decena de sentencias en contra de la regulación, pese a lo que se mantiene en vigor, mientras el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no resuelve los recursos que interpuso el Concello. Por su parte, Verín tiene anulado el Plan General de Urbanismo por sentencia judicial, por lo que la construcción "mantiene una actividad de mínimos en la zona", al amparo de la ordenación anterior, mientras se tramita el nuevo documento.
Los 62 concellos que no cuentan con plan de urbanismo tienen que ampararse en las Normas Subsidiarias Provinciales, que disponen de un procedimiento mucho más restrictivo para construir. "Se puede construir con un expediente de acreditación de núcleo rural, pero es un trámite que tiene que pasar por la Dirección Xeral de Urbanismo, "de forma excepcional", dado que la Xunta se decanta porque esta materia se resuelva mediante la redacción de planes generales de ordenación, resalta Xan Rodríguez.
El presidente del Colegio Provincial de Arquitectos contempla las Normas Subsidiarias Provinciales como "un parche", debido a que no sirve para ordenar el territorio ni para desarrollarlo, con el problema añadido de que "no tiene en cuenta la legislación que salió sobre la materia, destinada al medio rural y al urbano, dejando también al margen otros aspectos como el medio ambiente. Pero además, las normas subsidiarias, por las que se rigen los 62 concellos de la provincia que no disponen de plan de urbanismo, tienen el inconveniente de que "limitan bastante la posibilidad de construir y dificultan la tramitación de licencias".
Xan Rodríguez considera que la aprobación de planes de urbanismo debe constituir la primera prioridad en la gestión municipal, para dinamizar la construcción y la actividad económica, con el beneficio añadido de que la mencionada reglamentación propiciará un crecimiento armónico y que no se produzcan agresiones al medio ambiente, "lo que repercute en la calidad de vida de las personas que residan en la zona".
El presidente del Colegio de Arquitectos lamenta que la actual situación de crisis cogiera a muchos ayuntamientos de la provincia "con los deberes sin hacer", debido a que el desarrollo de planes de urbanismo "era una prioridad antes del parón de la construcción, lo es ahora y lo continuará siendo en el momento que se supere", por lo que insiste en que los alcaldes deben acelerar los trámites.
Muchos concellos ourensanos no llegaron a desarrollar nunca un planeamiento urbanístico, "porque los alcaldes se manejaban bien, ante una situación de falta de normas", lo que le daba margen para poderle decir a los vecinos que realizaran las construcciones y que luego ya se legalizarían.
Mediante esta técnica, los regidores generaban "una especie de clientelismo político", por el cual podían "vender como favores" algo que tendría que estar regulado para todas las personas interesadas en realizar construcciones.
Muchos regidores también se decantaron por mantener el vacío de ordenación urbanística durante las últimas décadas, para no tener que afrontar el proceso de redacción de los planes, que puede generar debates y polémicas, por la existencia de intereses contrapuestos, "situación que en algunos casos le ha costado el cargo, porque el electorado les retiró el apoyo en las siguientes elecciones".
La tendencia de ejecutar las obras sin realizar la tramitación legal necesaria, con la intención de asumir luego el pago de las sanciones que correspondan, por parte de los promotores, "todavía persiste en la actualidad." Y pese a que no se está derribando prácticamente ningún edificio ilegal en la provincia, el presidente del Colegio de Arquitectos desaconseja esta práctica, porque las viviendas permanecen décadas sin que se pueda regularizar, lo que genera "mucha preocupación y ansiedad entre los propietarios, especialmente la gente mayor, al no poder consolidar las estructuras".
