El grupo municipal del Partido Popular denuncia en el escrito presentado ayer por su portavoz, Enrique Nóvoa, y el concejal Aurelio Gómez Villar, en la Fiscalía, un presunto delito de prevaricación y negociación prohibida a funcionarios en el proceso de adjudicación de unos paneles publicitarios, que finalmente no se consumó.

En la denuncia, los populares solicitan a la Fiscalía que se practiquen las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y depuración de las responsabilidades penales y administrativas que de ellos se puedan derivar, y que implicarían directamente al teniente de alcalde, el nacionalista, Sánchez Vidal, el concejal de Infraestructuras, García Mata, la concejala de Turismo y Comercio, Ana Garza, así como al director xeral de Turismo, David Cortón.

Entre los documentos entregados, y que forman parte del expediente municipal, se encuentra el convenio/contrato que el 4 de febrero suscribió el teniente de alcalde en representación del Concello de Ourense con el gerente de la empresa "Afiador Produccións", por el que se le otorgaba a la empresa la concesión para la instalación y explotación de pantallas gigantes situadas en el muro del Auditorio, en la alameda y en le parque de San Lázaro por un período de 40 años.

El contrato se firmó tres días antes de que se constituyese la empresa, como refleja la certificación del Registro Mercantil, y sin que en el mismo conste la firma del oficial Mayor o del secretario del Concello de Ourense, la cual es perceptiva. Además de carecer de informe técnico y jurídico.

También se referencia como presunta irregularidad que en el mes de octubre y sin que fuese aprobado por la Junta de Gobierno, se iniciaron las obras de instalación de los paneles, con el visto bueno del edil de Infraestructuras, García Mata; obras que no contaban con las preceptivas licencias, lo cual llevó a la apertura de varios expedientes de disciplina urbanística a petición del PP, lo que derivó en su paralización.

Denuncian la "ocultación", por parte de la edil Ana Garza del informe emitido por el Jefe de la Policía Local, en el que se desaconseja la instalación de dichas pantallas, y que permaneció "oculto" desde el 22 de agosto hasta el 10 de noviembre.

La responsabilidad de David Cortón, que inició el expediente en 2007, quedaría plasmada en el "Informe de Necesidad: Colocación de pantallas de información turístico comercial", en el que aparecen unas fotos con la publicidad de la empresa "Digital Urbes" que se encargaría de su comercialización.