Acaba de crearse y el mensaje que trasladan a las administraciones es el que asuman un compromiso firme con las iniciativas que llevan a cabo. La Asociación Gallega de Empresas de Inserción Social reclama "mercados protegidos" , que supondrían un reconocimiento al trabajo que se viene realizando, como explica su presidente Ignacio Bedoya, que a su vez es gerente de Cáritas Ourense.
La asociación está forma por cuatro empresas de inserción. Dos están en Ourense, creadas por Cáritas, TexCar (Textil Cáritas) que se dedica a la confección de ropa de trabajo, formada íntegramente por mujeres, con un taller en la ciudad, y Agrobrocal, que centra su actividad en el cultivo de productos ecológicos en terrenos que la diócesis ourensana tiene en Beiro, en el Concello de Ourense.
Las otras dos empresas son Limpreda, promovida por la Plataforma Por la Defensa del Empleo de Cáritas Santiago, y Como Integral, que se dedica a los trabajos de jardinería en Vigo y que pertenece a la Fundación Érguete.
Aunque las plantillas son pequeñas, pues entre las cuatro empresas han generado una veintena de puestos de trabajo entre colectivos desfavorecidos y de difícil empleabilidad, Ignacio Bedoya subraya que "se demostró que estas estructuras funcionan, y la intención es que se vaya a más".
Es por eso que, después del compromiso desde el punto de vista legal, que se concreta con la aprobación por el Estado de la Ley de Empresas de Inserción, y la publicación del decreto por parte de la Consellería de Traballo, que arbitra una serie de medidas, y pendiente de la publicación de las ayudas a estas empresas, la asociación sostiene que el compromiso debe pasar, no tanto con las clausulas sociales, sino con el mercado protegido.
Bedoya sostiene que la administración podría ayudar mucho a estas empresas en sus concursos "si les dejase un espacio, aunque fuese pequeño", un 2 o 5 por ciento, para que pudieran entrar. Así, el presidente de la asociación lo tiene claro, en el sentido de que "la administración debe comprar al mejor precio pero con el mayor beneficio social". Un parámetro que dice "no se está cumpliendo".
La comparativa con otras comunidades autónomas reflejan el largo camino que queda por recorrer en Galicia. Así, a modo de ejemplo, señala que en Cataluña, de toda la obra pública que licita la Generalitat, entre el 10 y el 20 por ciento está dedicado a empresas de inserción que se dedican a la construcción.
Otro de los ejemplo que pone Ignacio Bedoya es el del país Vasco, con más de 40 empresas de inserción, así como Andalucía, que tiene en Córdoba su principal referencia, al tener una empresa de inserción social con cerca de 1.000 trabajadores que realizan los servicios relacionados con la recogida de basura y reciclaje del concello.
Y destaca que estas empresas saben conjugar el binomio social y económico, algo que reconoce "es complicado", al atender a personas con desempleo de muchos años, mayores de 45 años, otras que tienen algún tipo de patología social, así como los que están dentro de algún grupo que se encuentra en situación de exclusión social.
Defensa de la rentabilidad que tienen estas firmas
Convencido de que a la administración hay que demostrarle las cosas desde el punto de vista económico, ya que a veces no se paran a hacer números, Ignacio Bedoya explica que una persona en situación de exclusión social le cuesta al año a la administración 20.000 euros, según refleja un estudio realizado sobre este tema, mientras que si se potencia una empresa de inserción social y se le abre mercado, se puede colocar a esa persona, y "no sólo deja costar ese dinero, sino que a lo mejor ganó 8.000 euros, al convertirlo en un consumidor, pagador de impuestos y, en definitiva, en una persona que desarrolla sus competencias sociales".
Con está filosofía de actuación, lo que queda es que la administración se comprometa a "pagar 1 o 2 euros más en un concurso a estas empresas, sin que eso suponga una importante repercusión en otras empresas o grandes holdings".
Los cursos de formación
La mayoría de las empresas de inserción nacen a través de cursos de formación, pero después de establecida la demanda es cuando se plantea la necesidad de crear un recurso que son los denominados itinerarios integrados de inserción para trabajar con esos colectivos. Así, se procede a seleccionar a un grupo de personas que tienen un mínima formación, se hace un estudio de mercado y un plan de viabilidad y a partir de ahí se opta por la formula más adecuada que están reglamentadas. Las cuatro empresas están creadas por entidades sin animo de lucro, aunque podrían estar participadas, hasta un 49% por otras entidades de carácter privado, pero teniendo en cuenta que estas empresas no reparten beneficios, lo cual no quiere decir que no lo tengan, como es el caso ahora de Texcar, después de 6 años de su puesta en marcha, y que se revierten en más empleo o en inmovilizado material y también en proyectos sociales.
Respecto a la empresa textil, en la que trabajan sólo mujeres, en la mayoría de los casos solas, con cargas familiares no compartidas, mayores de 45 años y que proceden de distintos ámbitos de la exclusión social, Ignacio Bedoya dice que se hace bueno el dicho de que nadie es profeta en su tierra, ya que la mayoría de los clientes están fuera de Galicia, aunque viene de ganar un concurso del Sergas. "Algo parece que cambia", indicó.
