X.M. del Caño / Ourense

El Concello de Ourense prepara un recurso de casación, que presentará ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia emitida por la sección segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula el Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ourense. El alcalde y el teniente de alcalde, Francisco Rodríguez y Alexandre Sánchez Vidal, en representación del PSOE y del BNG, concuerdan en la necesidad de recurrir la resolución para evitar que se paralice el sector de la construcción en la ciudad, que genera más de 10.000 empleos, y para que no se pierdan las cuantiosas inversiones que la Xunta tiene previsto realizar en Ourense. Paralelamente, la administración local acometerá la revisión del plan, para que ninguno de los 13 recursos que permanecen pendientes de resolución puedan anularlo. Por su parte, la conselleira de Política Territorial, María José Caride, anuncia que su departamento "dará apoyo técnico y financiero" a la administración local ourensana para que pueda reformar el ordenamiento urbanístico. Y el presidente de la Xunta, Pérez Touriño, también comprometió su respaldo al regidor, antes de emprender viaje a Francia.

Francisco Rodríguez indica que el Concello de Ourense tomará decisiones, "encaminadas en una triple dirección: garantizar que el desarrollo urbano ordenado de la ciudad no sufra ningún parón, que no se vea frenada la ciudad en un sector tan importante y sensible de nuestra economía como es el de la construcción y asegurar el desarrollo de las inversiones y dotaciones públicas previstas, como la construcción de centros de salud, el Centro de Interpretación da Natureza y la Ciudad de la Justicia, entre otras". El alcalde asegura que esas actuaciones públicas "no sufrirán ningún retraso".

El regidor se puso en contacto con el teniente de alcalde, el nacionalista Alexandre Sánchez Vidal, y en breve lo hará con el portavoz del PP, Enrique Nóvoa, "para iniciar cuanto antes, con la menor demora posible, los trámites para dotar a Ourense de un nuevo instrumento de ordenación urbanística" que, según su criterio, "tiene que ser políticamente sensato, socialmente justo y técnicamente solvente y viable, desde el punto de vista económico y financiero". Y resalta que estas mismas razones fueron las que llevaron al partido socialista a presentar un recurso contra el PXOM de Ourense en el año 2003.

Este tipo de reformas, consistirán en "abordar la revisión del Plan de Urbanismo, que nos devuelva a un escenario de seguridad jurídica, para afrontar el desarrollo urbano de la ciudad durante los próximos quince o veinte años".

El alcalde reconoce que la sentencia que anula el Plan de Urbanismo de Ourense, a pesar de que cabe recurso de casación contra la misma, "nos sitúa en un horizonte de incertidumbre jurídica, al que tenemos que darle una respuesta, sin ninguna demora". Y advierte: "Correr el riesgo de encontrarnos con una sentencia firme, sin preparar ninguna respuesta, sería una grave irresponsabilidad que este alcalde ni este gobierno están dispuestos a asumir". La Consellería de Política Territorial también estudia la posibilidad de recurrir la sentencia.

Rodríguez celebró ayer "una reunión de urgencia" con María José Caride, al considerar que para solucionar la crisis "es necesario ir de la mano, para actuar de una forma conjunta entre el Concello y la Consellería de Política Territorial, que es la que tiene la última responsabilidad de aprobar cualquier cambio político de planificación urbanística". Y explica que Caride comprometió "todo el apoyo técnico, jurídico y económico que sea necesario" para la revisión del plan.

El alcalde recordó que hasta ahora el PSOE "se había quedado solo, clamando por la revisión del plan", por lo que ahora hace un llamamiento al BNG y al PP para que apoyen la medida, que contempla como "muy necesaria". En ese sentido, defiende la conveniencia de que el plan de urbanismo cuente con el máximo consenso social y político posible, teniendo en cuenta que debe ser un documento válido para un período de veinte años.

Anuncia que el próximo martes se reunirá un equipo técnico, compuesto por especialistas jurídicos y urbanísticos, para empezar a elaborar el pliego de condiciones con el fin de encargar la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal.

El alcalde se muestra partidario de acometer una revisión del Plan Xeral de Urbanismo, en lugar de gestionar la aprobación de un nuevo documento. "Si se puede aprovechar algo de este plan, se aprovechará", además de "corregir las deficiencias que están plasmadas en los 13 recursos que permanecen pendientes de resolución", planteados por distintas personas y entidades de la ciudad. Rodríguez contempla estas medidas, "si son posibles, como una buena solución", porque acortarían el proceso.

El alcalde advierte de que si el Concello de Ourense no recurriera el fallo y se convirtiera en firma la sentencia, anulando el plan, el TSXG se continuaría pronunciando sobre los 13 recursos que mantiene pendientes de resolución, por lo que "permanecería la inseguridad jurídica".

El alcalde anuncia que el PSOE estudiará la posibilidad de retirar el recurso que ha presentado contra el Plan Xeral de Ordenación Urbana, dependiendo de la evolución del caso.

Dos horas antes de la comparecencia del regidor, el teniente de alcalde, Alexandre Sánchez Vidal, proponía como "hoja de ruta" para abordar la crisis, el planteamiento de "un recurso contra la sentencia, que permita aplazar la resolución del problema tres o cuatro años, para gestionar un nuevo planeamiento, que responda a los intereses públicos", con el fin de gestionar las inversiones previstas en termalismo, zonas verdes y distintos servicios comprometidos por la Xunta para esta ciudad.

Sánchez Vidal explica que el recurso propiciará "un marco jurídico" a las personas que deseen gestionar la compra de una vivienda, mediante la suscripción de hipotecas, además de permitir que se puedan realizar nuevas construcciones.

Sánchez Vidal explica que la anulación del Plan de Urbanismo no paraliza el desarrollo del PERI de As Burgas, "al estar blindado, como una planificación especial, dentro de la planificación general". Contempla esto como "una fortuna, por una parte", pero admite que hay "mala suerte", porque no paraliza el proyecto de Xardín das Burgas. En cambio, evitaría las obras de la finca Santamariña.

El presidente de los constructores gallegos, Eligio Nieto, anuncia que el colectivo que representa también presentará recurso contra la sentencia, al estar personado. Y explica que la suspensión de licencias, por la anulación del Plan de Urbanismo de Ourense, "supondría el cierre de casi todas las empresas constructoras de la ciudad", porque la aprobación de una nueva ordenación municipal podría demorarse entre cuatro y siete años. Y advierte de que la construcción mantiene más de 15.200 empleos directos en el conjunto de la provincia, pero el sector genera unos 60.000 puestos de trabajo.

Nieto indica que si se suspende el PXOM de 2003, "quedaría en vigor el de 1986, que dejaría muy poco margen de maniobra, porque no está adaptado a la nueva Ley del Suelo. Por lo tanto, se podría hacer muy poco".

Nieto agradece al alcalde la llamada que le hizo, para pedirle tranquilidad, porque el Concello recurrirá la sentencia. Y se muestra convencido de que no prosperaría la ejecución cautelar, por el gran desembolso económico que requeriría.