X.M. del Caño / OURENSE

La venta de la finca Santamariña, realizada por la Diputación antes del año 2002 a la inmobiliaria Flager por 1.400 millones de pesetas, será firme, después de que el PSOE descartara ayer presentar recurso ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en la que consta que la operación "se realizó a precio de mercado". Por su parte, el BNG todavía no ha tomado una decisión oficial, pero todo apunta a que no le ve posibilidades al recurso, ante el Tribunal Constitucional, "por el carácter y las competencias que tiene".

El portavoz provincial del PSOE, Alfredo García, justifica la medida indicando que tras estudiar la sentencia y los informes jurídicos precisos, "consideramos que la presentación de un recurso de amparo no nos llevaría a ninguna parte", al entender que el Tribunal Constitucional "no va entrar en el fondo de la cuestión: la falcatruada de Baltar contra el patrimonio de la provincia de Ourense".

Los socialistas admiten que la vía judicial "está agotada, pero no la vía política. Todos los ciudadanos tienen que conocer la pérdida de valor patrimonial que supone esta operación, con la que Baltar despilfarró los recursos de la provincia, aunque a estas alturas, todos los ciudadanos saben que fue el pelotazo del siglo".

La medida que acordó el PSOE no concuerda con la postura del ex portavoz provincial y actual delegado de la Consellería de Educación, Gonzalo Iglesias Sueiro, que antes de la reunión se pronunciaba a favor de "defender los intereses públicos". Y se mostraba partidario de "llegar hasta donde nuestros servicios jurídicos nos aconsejen". Y agregó: "Yo acato la sentencia, pero manifiesto con rotundidad que discrepo total y absolutamente de su contenido".

Al concluir el debate interno, Sueiro indicó: "El PSOE se pronunció, yo acato la decisión que ha tomado y me solidarizo con ella siempre, para eso soy militante. Yo creo que he cumplido con mi responsabilidad".

Por su parte, el abogado del grupo socialista, Eduardo Pérez Mazaira, califica la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como "un error patente y grosero". Y sostiene que el TSXG "le ha enmendado la plana al Tribunal Supremo", al descartar la aplicación de unos artículos que habían sido utilizados por el alto tribunal español. Y se muestra partidario de presentar el recurso.

Mazaira explica que la clave de la sentencia está en un cambio que hubo en la composición de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. "Los integrantes de la misma en el año 2002, aplicaron unos artículos que fueron recurridos por la Diputación de Ourense y Flager. El Tribunal Supremo se pronunció a favor de la aplicación de los referidos artículos, en cambio ahora la sala del TSXG, compuesta por otros magistrados, dictamina que esos artículos no son de aplicación y le enmienda la plana al Tribunal Supremo".

Alfredo García, pese a que considera que la sentencia "no tiene pies ni cabeza, el cuerpo me dice que hay cosas que no pueden estar permanentemente en la justicia. También me dice que es difícil que el Tribunal Constitucional resuelva los problemas de una finca".