La Asociación Movemento polos Dereitos Civís presentó una denuncia ante la Fiscalía de Ourense por la indebida utilización de las cámaras de tráfico por parte del Concello.
Después de esta medida legal la asociación espera que el fiscal inicie un procedimiento para que se investigue el uso ilegal "que se está haciendo de estos dispositivos para fines de videovigilancia sin contar con la debida autorización correspondiente por parte de la Delegación del Gobierno".
Renato Núñez, miembro de Movemento polos Dereitos Civís, afirma que según los datos facilitados por el Gobierno central "tan sólo dos concellos gallegos cuentan con la autorización, A Coruña y Santiago, por lo que el ourensano estaría utilizando de manera fraudulenta e ilegal las cámaras", ya que carece de los permisos necesarios, entre ellos "el informe favorable de una comisión de garantías".
Por otro lado, la asociación que defiende los derechos de los ciudadanos explica "que recibimos un escrito del Defensor del Pueblo en el que nos solicita que le remitamos toda la documentación en referencia al caso con el fin de iniciar las medidas oportunas".
Filtración de imágenes
Las acciones comenzaron el pasado 15 agosto cuando salió una información en la que se recogía que las cámaras que vigilaban el tráfico en las calles de la ciudad ayudaron a la detención de un fugado de la Policía, y al parecer las imágenes utilizadas para este cometido fueron difundidas por los medios de comunicación, "vulnerando así los preceptos de la normativa relativa a la defensa de los derechos fundamentales, protección de datos y buena práctica de la Policía Judicial y demás fuerzas y Cuerpos de la Seguridad".
Para ellos, según la Ley Orgánica 4/1997, el uso para el que están autorizadas las cámaras de tráfico es "para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en las vías públicas", por lo que sostienen que "no es normal que, conforme con la legislación, se pueda utilizar estas cámaras para detener a un individuo".
