La lista de desencuentros entre el Concello de Cangas y la Autoridad Portuaria de Vigo (APV) sobre la responsabilidad del mantenimiento del paseo de O Salgueirón y el alcance del convenio que lo regula afronta un nuevo episodio con el traslado al pleno de una propuesta municipal "rechazando las pretensiones de la APV para que el Concello asuma los gastos de conservación" de unos bienes que no son suyos y contraatacando con una advertencia: El Puerto "debe tomar las medidas oportunas para sanear y mantener las fincas, edificio e infraestructuras en las debidas condiciones de ornato, seguridad, conservación y mantenimiento que precisen". De lo contrario, el bipartito cangués emprenderá las "medidas correctoras pertinentes", además de valorar acciones "para denunciar el grave fraude e incumplimiento del compromiso de cesión de los terrenos de dominio público portuario de O Salgueirón al Concello de Cangas".
En el orden del día del pleno que se celebrará el próximo viernes este punto figura como "propuesta de la Alcaldía", aunque el espíritu y la letra son del concejal Mariano Abalo, quien desde hace años alienta la batalla sobre el asunto. Relata que el Concello recibió el pasado 29 de junio un escrito de la Autoridad Portuaria de Vigo -que califica de "intempestivo, inadecuado e irregular, cuando no ilegal"- requiriendo a la Administración municipal que se haga cargo de los gastos que originaría la entrega de los terrenos "en perfecto estado de conservación", cuantificados en unos 20.000 euros. La demanda deriva de una "inspección visual" en la que se habría comprobado por técnicos de la APV "el mal estado del paseo marítimo de O Salgueirón como consecuencia de un deficiente mantenimiento" y, en consecuencia, de la "amenaza" y el "peligro" que supone para los usuarios.
La entidad que preside Enrique López Veiga recuerda al gobierno local que la "obligación de su mantenimiento y conservación recae en el Concello de Cangas" según figura en el convenio de colaboración firmado el 30 de marzo de 2015, siendo entonces alcalde el popular José Enrique Sotelo e Ignacio López Chaves máximo responsable de la Autoridad Portuaria. Un documento que los actuales gobernantes cangueses cuestionan porque supone hacerse cargo de un espacio que no es suyo y porque de facto no garantiza el fin último del acuerdo, que sería la cesión al Concello del espacio sobre el que se había actuado y la torre de la antigua conservera de Massó. Dicho convenio dejará de tener vigencia en octubre, si no se renueva y adaptan las condiciones, y para entonces "será necesario que las instalaciones objeto del mismo se encuentren en perfecto estado de uso y conservación". De lo contrario, "la APV iniciará los trámites oportunos para la reclamación de los daños y perjuicios ocasionados", que el pasado mes de marzo cuantificó en 17.710 euros (más IVA).
Desde el Concello de Cangas, y con especial énfasis por Mariano Abalo, llevan años "estudiando fórmulas" para anular el citado convenio y obligar a la Autoridad Portuaria a hacer frente al coste del mantenimiento de este paseo, aunque hasta ahora sin éxito. El Concello realizó puntualmente trabajos de este tipo, pero ha dicho basta y ha pasado al contraataque.
