Ofrecer un complemento salarial a algún operario municipal que se ofrezca para recoger los perros abandonados en espacios públicos o incluir ese servicio, a mayores, en un contrato de desinfección y desratización que se sacaría a concurso. Son dos de las fórmulas que baraja el gobierno de Cangas para hacerse cargo de un trabajo que trasciende las responsabilidades de la Protectora de Animais do Morrazo, a la que además el Concello adeuda parte de los 15.000 euros comprometidos anualmente a través de un convenio cuya legalidad cuestiona el interventor municipal. Otra opción es que la Protectora asuma la retirada de animales a cambio de un aumento en la cuantía percibida, siempre que sea "asumible" para las arcas públicas y que los técnicos no le pongan trabas, condiciones estas que de momento no están solventadas.
La tensión ha ido en aumento en las últimas semanas y la concejala Victoria Portas convocó una reunión entre todas las partes implicadas que se celebró esta semana en el Concello y terminó sin concretar acuerdos, aunque se pusieron sobre la mesa varias alternativas que habrá que estudiar y definir, señala la edil, que no es partidaria de delegar el servicio en la Diputación ni encuentra apoyos para que lo asuma la Mancomunidade.
La cuestión es compleja porque implica a varias partes y conlleva responsabilidades que hay que determinar y retribuir. Cuando el Concello recibe una llamada por la presencia de animales en vía pública -el propio alcalde, Xosé Manuel Pazos, fue alertado esta misma semana por el 112, de madrugada, de un perro deambulando por Coiro-, se avisa a la Policía Local y al Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil, que alegan que no son competencias suyas ni cuentan con personal suficiente para ello. Tampoco instalaciones dignas para albergarlos hasta que se encargue de ellos la Protectora y les dé cobijo en el refugio de Broullón, en Moaña. Incluso un sindicato policial denuncia que se le otorga por convenio unas competencias que no le corresponden y amenaza con llevarlo a la Justicia si se renueva en las mismas condiciones vigentes.
La legalidad del convenio del Concello de Cangas con la Protectora de Animales tiene más puntos de discrepancia. Los técnicos de Intervención avisan que no es lícita su renovación tácita, cada año -ven más adecuado licitar el servicio y concederlo al mejor postor-, ni procede que se faciliten datos personales de los propietarios idenficados a entidades que no están contempladas por ley. Aunque Cangas, alegando problemas de liquidez y reparos, pagó en marzo a la Protectora el importe adeudado correspondiente al último trimestre de 2019, el trámite se hizo tras complejas gestiones de la edil Victoria Portas con el interventor, que sigue poniendo trabas a nuevos pagos que vulnerarían la legalidad. Al menos en Bueu también existen advertencias similares, señalan representantes municipales, mientras que en Moaña el servicio se presta y se abona sin incidencias.
Según Portas, y atendiendo al convenio suscrito y que está en entredicho, la deuda actual del Concello de Cangas con la Protectora de Animais do Morrazo ronda los 8.000 euros, correspondientes al primer semestre de este año y al mes de julio, ya casi vencido.
