La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura en relación al desalojo de 200 personas de un bar en la madrugada del domingo, que permanecían a las 5 de la mañana a puerta cerrada y sin cumplir las medidas preventivas del Covid-19, que desde el Concello ya llevan varias semanas controlando el aforo de los locales y "se pidió refuerzo a la Guardia Civil para echar una mano durante los fines de semana ya que se está notando un repunte de personas que salen por la noche sin cumplir las medidas de distanciamiento y preventivas de uso de mascarilla cuando no se puede garantizar la medida de seguridad". Añade que fruto de ese control fue la intervención de la Policía Local en este local de A Xunqueira y que desde el Concello está previsto seguir con este tipo de actuaciones y controlando que la gente guarde las medidas preventivas, al menos durante julio: "Si no se guardan puede pasar como en A Mariña, que de un caso se pase a un rebrote y obligue a confinarnos de vuelta".

Asegura que también se reforzará la vigilancia en las playas para que se cumpla la distancia y hace un llamamiento a los vecinos y quienes vengan de fuera a disfrutar de los paseos, a que sean responsables porque "el virus sigue aquí conviviendo y hay que ser responsables, porque de lo contrario se volverá a estar confinados".

En cuanto a la sanción al dueño del local que fue desalojado, que no se ha cerrado, la alcaldesa señala que por un lado hay un expediente de sanción que se tramitará directamente por parte del Concello por incumplimiento de horario de cierre. Y por otra parte, hay un incumplimiento de la normativa preventiva por el Covid del que se dio traslado a la Subdelegación del Gobierno, que "valora los hechos y propone la sanción". Desconoce qué tipo de sanción porque de todas las personas que fueron denunciadas por incumplir las medidas preventivas, lo que siempre hizo el Concello fue enviar el expediente a la Subdelegación "que es quien resuelve sancionar o no".

Administración competente

Desde la Subdelegación no lo entienden así y aseguran que "se mandan a la administración competente, es decir, la Xunta". Alude al real decreto ley 21/2020 en su artículo 6, sobre la obligación de uso de mascarillas en mayores de 6 años y cuando no se pueda mantener el metro y medio de distancia. Añade que el artículo 3 indica que corresponde a los órganos competentes de la AGE (Administración General del Estado), comunidades autónomas y entidades locales, en el ámbito de sus competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control correcto de l decreto ley". El no uso de mascarillas será sancionado con arreglo a la Ley 33/2011 General de salud pública y se contemplan sanciones leves. Insiste en que "el órgano competente para incoar y resolver los expedientes de sanción, según el artículo 61 de la Ley General de Salud, es la administración competente por razón de territorio, es decir, la Xunta".