El gobierno local había optado por no hacer pública la declaración que el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, realizó ayer en la Fiscalía de Pontevedra. No figuraba en ninguna agenda pública de la Alcaldía. Se antojaba un asunto con demasiado contaminado como para airearlo. Y es que la denuncia que el gobierno local, con la firma del alcalde, pero de la mano del concejal de Facenda, Mariano Abalo, interpuso ante la Fiscalía "contra la corrupción y criminalidad organizada en relación al contrato por el que se adjudicó a la UTE Gestión Cangas el ciclo del agua, es un virus tan letal para el bipartito como el coronavirus para la población de más edad. De ahí que se ande con sigilo, casi de puntillas, y se pretenda camuflar con traje de discrepancia.
A preguntas del fiscal que lleva el caso, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, manifestó que ignoraba si la diferencia, detectada por Intervención entre la cuota fija de saneamiento, que se aprobó en el anteproyecto del ciclo integral del agua el 31 de octubre de 2013, donde se establecía un precio de 3,5 euros/bimestre y la que después figuró al formalizar el contrato, de 5,20 euros, se debía a un error o se había hecho a propósito. Añadió el regidor que los abría quien firmó el contrato. No transcendió mucho más. El regidor local fue comedido. No tenía en sus manos documentación que sostuviera que todo lo que sucedió formó parte de un proceso deliberado o simplemente de un error en las transcripción del contrato.
Sí confirmó más tarde el regidor local, ya en Cangas, que en días anteriores había declarado ante el fiscal el secretario del Concello, que tampoco estaba en Cangas cuando se redactó el contrato. En los próximos días declararán los trabajadores municipales que participaron en la elaboración del contrato. La demanda interpuesta ante Fiscalía sostiene que los delitos en los que se puede haber incurrido son: alteración de los precios y subastas públicos, regulado en el articulo 404 del Código Penal, inclusive cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedades.
La denuncia se interpuso poco después de que se hubiese conocido la decisión del Consello consultivo de Galicia, donde también se planteó la diferencia. El citado órgano reconoció la diferencia y ordenó corregirla, pero no entró a valorar si había o no delito. La denuncia ante la Fiscalía de Pontevedra fue firmada el día 16 de enero del presente año por el alcalde de Cangas y vio la luz en el mes de febrero, con posterioridad a que el pleno de municipal rechazara las alegaciones presentadas por la UTE Gestión Cangas a la nueva ordenanza municipal. Los socialistas ya manifestaron en su momento su malestar por el hecho de que sus socios de ACE decidieran recurrir a la Fiscalía de Pontevedra a solventar esta cuestión. Ahora, estas declaraciones ante el fiscal del caso se producen en medio de un nuevo enfrentamiento entre el grupo municipal socialista y edil de Facenda, Mariano Abalo (ACE), al tratar éste de llevar de nuevo al pleno la rescisión del contrato del agua, en medio de una apertura de negociaciones y iban dando frutos.
