La restricción de acceso en coche o moto a las playas de Cangas que trata de implantar el Concello desde esta semana es "discriminatoria" para las personas que no residen en el municipio, no se hospedan en sus establecimientos o no ingresan el impuesto de rodaje en las arcas canguesas. La medida es arbitraria e incluso "xenófoba" a ojos de los representantes del Partido Popular, que piden al ejecutivo local que reconsidere su decisión o presente un informe jurídico que avale el sistema de tarjetas que se conceden solo a quienes cumplan dichas condiciones De lo contrario, los populares verían deslegitimada esa norma y actuarían en consecuencia para tumbarla.
Desde el grupo municipal mayoritario no niegan la necesidad de establecer restricciones en los arenales para garantizar la distancia interpersonal frente a los contagios de covid-19. Pero cuestionan la fórmula elegida por el gobierno que encabeza Xosé Manuel Pazos y que debe ejecutar la Policía Local. "Entendemos que debe primar la salud, pero no se puede impedir el acceso por razones de empadronamiento", advierte el portavoz municipal del PP, José Enrique Sotelo, que firma, junto a sus seis compañeros de grupo, un escrito en el que solicitan un "informe de legalidad sobre la tarjeta de acceso a las playas". En principio, sería el departamento de Secretaría el encargado de realizarlo y de justificar o no si se ajusta a la ley.
Sotelo recuerda que el debate en torno a las restricciones de uso de bienes o servicios públicos por personas ajenas al municipio que los promueve ya ha vivido otras polémicas, como la originada con la tarjeta "PassVigo" que permite viajar en transporte público con descuentos sobre la tarifa individual. "Acusamos a [Abel] Caballero de xenófobo y populista por ese motivo y ahora el gobierno de Cangas pretende hacer lo mismo con nuestras playas", reprochan los populares, que ve en ello incluso "mayor gravedad" que en el caso de Vigo y dan por seguro que, "como todo lo que tocan, se quedará en un titular de prensa más", pues no hay base legal para aplicarla ni medios para hacerla cumplir.
Sotelo añade que se trata de otro ejemplo de "populismo rancio, medidas de cara a la galería sin solucionar los problemas reales", y en consecuencia no le augura recorrido. Entienden que se limite el acceso a las playas "por razones de seguridad, pero para todos por igual y buscando alternativas en los accesos, con aparcamientos disuasorios". La misma postura defendió el PP en el pleno de la corporación celebrado anteanoche, mientras el regidor abundó en que este verano es atípico por la pandemia de coronavirus, procede tomar medidas especiales y limitar el aforo. Pazos insiste en que se trata de una medida disuasoria que se aplica a los foráneos que llegan masivamente en coche o moto a pie de playa y que avalan la mayoría de los colectivos sociales, pero no prohibe a nadie acceder a los arenales de Cangas si lo hacen a pie o en bicicleta, o bien dejan sus vehículos a motor fuera de los espacios restringidos.
Al PP no le convencen esos argumentos e insiste en que las visitas motorizadas hasta el entorno de las playas no deben estar condicionadas al origen de los usuarios, porque le asisten los mismos derechos "sean de Cangas o de otro lugar".
