El gobierno local de Moaña llevó a ayer a una comisión informativa telemática, a la que acudió por primera vez un concejal del PP, en concreto Daniel González, una propuesta para la supresión de la tasa de terrazas todo el 2020 a los hosteleros,de acuerdo con el compromiso adquirido con el sector que demandó medidas de ayuda debido a la crisis del Covid-19 . Han estado cerrados desde el 14 de marzo hasta el 11 de mayo. A partir de ese lunes de la semana pasada, con la entrada en la fase 1 de la desescalada hacia la nueva normalidad, los locales empezaron a poder abrir pero solo terrazas y al 50%, a la espera de entrar en la fase 2, cuando sí se podrán abrir el interior de los establecimientos.
En la propuesta de la alcaldía se alude a que este sector de la hostelería es uno de los más damnificados por esta crisis y que tras varias reuniones con ellos acordó llevar a dictamen de comisión esta propuesta de supresión para su aprobación en el pleno. La Previsión de la alcaldesa es convocar lel pleno para el jueves 28 de mayo, y será el primero de carácter ordinario que se convoque en el estado de alarma. Se realizará al igual que el extraordinario de los presupuestos, de forma telemática debido a que sigue vigente este estado de alarma. Este jueves se prevé convocar la junta de portavoces también telemática. La propuesta de supresión de la tasa de terrazas también incluye solicitar a Costas del Estado, Portos de Galicia y Autoridad Portuaria de Vigo que adopten medidas semejantes para contribuir a paliar esta crisis en la hostelería local.
En las comisiones de ayer también se dictaminó la propuesta de la Alcaldía para la resolución del contrato de adjudicación de las viviendas de protección autonómica en la parcela municipal de la calle Fragata Lealtad, en O Real. El solar será destinado a zona verde, de acuerdo a la petición del consello vecinal de O Real, para darle un uso público a la parcela ante la escasez de zonas verdes en la zona, con alta densidad de construcciones. El proyecto de construcción de estas viviendas -en principio nueve- había comenzado en 2006 cuando era alcalde Xosé Manuel Millán, mediante la firma de un protocolo con la Consellería de Vivenda. El Concello permutaba la parcela por un local de 261,33 metros cuadrados. Salió el concurso y se adjudicó a la cooperativa gallega Covixerga, que llegó a ingresar el 10% del coste de la parcela (20.215 euros) y a pedir licencia urbanística, incluso de derribo de la edificación existente. El proyecto inicial se modificó después a 7 viviendas, pero la consellería denegó la cualificación definitiva de viviendas de protección autonómica, por haber transcurrido el plazo de su solicitud sin que se presentara, quedando sin efecto los derechos reconocidos en la cualificaión provisional. Covixerga no presentó recurso de alzada y en 2018 el Concello acordó declarar caducada la licencia de obras. Así se iniciaron los trámitres para la disolución del contrato de permuta de la parcela.
