La Audiencia Provincial de Pontevedra decretó la puesta en libertad provisional del vecino de Cangas sin hogar que había acabado en prisión y está siendo investigado por un delito de desobediencia al incumplir el confinamiento derivado del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del Covid-19. El Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas había ordenado el ingreso en prisión provisional del detenido el pasado 16 de abril, pues consideraba que existía riesgo de fuga y de reiteración en el delito. El cangués había sido detectado por la Guardia Civil en la vía pública el pasado 15 de abril hasta en dos ocasiones con un intervalo de solo un cuarto de hora. Se trata de un varón de 64 años.
Revisada la prisión provisional, la Audiencia Provincial considera que el investigado "no tiene a dónde ir", por lo que el supuesto riesgo de reiteración delictiva, en caso de existir, "no sería en realidad intencional, sino obligado por su especial situación, no deseada". Además, los jueces entienden que no consta ninguna documentación que avale que el investigado haya abandonado voluntariamente una habitación facilitada por los servicios sociales de Vigo, extremo que había argumentado la Guardia Civil en su denuncia. Tampoco se acredita que tuviese la posibilidad de confinarse en algún lugar en el momento en el que fue interceptado. Pese a la "singularidad y excepcionalidad" del estado de alarma vigente, el tribunal provincial recalca que las normas que regulan la prisión provisional "no han cambiado".
Como último argumento para la puesta en libertad provisional, la Audiencia considera inexistente el riesgo de fuga, pues el acusado carece de domicilio y es habitual verle "deambulando por la vía pública en Cangas". Carece también de medios económicos por lo que la posibilidad de que se desplace a la Comunidad de Madrid, tal y como había manifestado, "se antoja remota".
Todas las veces que fue interceptado los días 4, 5, 6, 10, y 12 de abril, así como en la ocasión de la que se derivan las diligencias, el 15 de abril, el acusado se encontraba dentro del partido judicial de Cangas, lo que incide en que la posibilidad de que se fugue a Madrid es "remota" tanto por la carencia de medios económicos para costearse un medio de transporte como por los intensos controles policiales en vigor para los traslados entre localidades que se derivan del propio estado de alarma.
