La titular del Juzgado Número 1 de Cangas volvió a denegar la liberad de Iago Serantes, la persona que se considera el cabecilla de los siete detenidos en la "Operación Marea Negra", donde se incautaron 3.000 kilos de cocaína que viajaban en un "narcosubmarino", que la tripulación hundió en la Ría de Aldán. Asegura que no se han modificado las circunstancias que motivó su ingreso en prisión en virtud de lo acaecido y la posibilidad de perpetrar nuevos hechos delictivos de análoga magnitud a los enjuiciados en las presentes actuaciones. "Por tanto, sí se han analizado las circunstancia personales y familiares del recurrente, pero de un modo más amplio que el pretendido en el recurso, incluyendo los indicios de incriminación que le sitúan como responsable especial del delito, y concluyendo que por ellos sus vinculaciones personas y familiares fuera de prisión, que de hecho no impidieron su implicación en unos hechos tan graves, tampoco impedirán ni su huida ni una eventual reiteración de conductas de colaboración e actividades organizadas de narcotráfico". Insiste la jueza que ninguna circunstancia sanitaria impone una alteración del régimen de los centros penitenciarios y que, de ser así, tal circunstancia, no se olvide, no afectaría solo a los presos, sino a los funcionarios públicos que con ellos conviven y junto a ellos, y al resto de la sociedad, se enfretan a riesgo derivad de la propagación del COVID-19".

También señala que considerando la gravedad de los hechos investigados, así como la duración de las penas a las que se enfrenta, ni el tiempo transcurrido de privación de libertad es relevante. En relación a las penas a las que se enfrenta.

Fianza

Sí que obtuvo la libertad provisional, después de un informe favorable del fiscal, el padre de Iago Serantes, que supuestamente fue la persona que se ocupó de comprar ropa y tratar de hacerla llegar a los tripulantes del narcosumbarino cuando llegó a las Islas Cíes.

Por otra parte, el séptimo de los detenidos, Iago Rego, quedó en libertad tras depositar la finanza de 50.000 euros impuesta por la jueza que instruye el caso.