Aunque el civismo y la colaboración ciudadana rigen en las primeras jornadas de aplicación del estado de alarma derivada de la crisis sanitaria, Guardia Civil y Policía Local han tenido que aplicar ya a varias personas las medidas que establece el Real Decreto para quienes lo incumplan. En Cangas fueron identificados, ayer, al menos media docena de ciudadanos por transitar por lugares públicos sin motivos justificados -como realizar compras y atender a personas mayores o mascotas- y varios de ellos fueron denunciados por no dar explicaciones coherentes u ofrecer resistencia a la autoridad. Las sanciones de posible aplicación rondan entre una multa de 100 euros, para los casos más leves, hasta 600.000 euros y penas de prisión para los más graves. Los expedientes se remiten a la Subdelegación del Gobierno, con competencias en esta materia, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado advierten que la aplicación de la ley es inexcusable para salvaguardar la salud de la población y poner freno a la infección por coronavirus.

Entre los incumplimientos registrados ayer figuran el de dos hombres que transitaban a media mañana por el paseo de Rodeira y la Praza das Pontes, obviando la señalización y vallado de estos espacios públicos. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que vigilaban la zona y que comentaban las incidencias con el alcalde, Xosé Manuel Pazos, les llamaron la atención y preguntaron los motivos de sus idas y venidas, recibiendo a cambio palabras de desconsideración, por lo que fueron identificados en las inmediaciones del consistorio. A última hora de la mañana, funcionarios municipales hacían lo propio con otro hombre que paseaba con su perro por la misma zona, justificando que lo hacía como terapia y alegando que tenía derecho a ello, por que también se le pidió la documentación. Otro caso es el de un joven que se encontraba con su moto en un mirador próximo a las "Furnas" de Santa Marta y que no pudo justificar que fuera por necesidad, sino por ocio, para hacerse autofotos ( selfies). También por la tarde los agentes municipales denunciaron a un hombre que rondaba el frente marítimo, desobedeció las órdenes y ofreció resistencia a identificarse.

El artículo 20 del Real Decreto 463/2020 por e que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 tipifica el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes. Así, se considera grave (multas de 3.001 a 60.000 euros) la resistencia o desobediencia a los agentes en el ejercicio de sus funciones y de la alegación de datos falsos o inexactos. Igual consideración tienen las conductas u omisiones "que puedan producir un riesgo o daño grave para la salud de la población". Y la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil establece que constituye una infracción grave (de 1.501 a 30.000 euros) "en las emergencias sanitarias, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia".

Durante la jornada de ayer se produjeron otras incidencias con personas que no cumplían el régimen domiciliario establecido. Es el caso de una mujer que utilizaba el lavadero público de Fonte Ferreira, en el centro urbano, y que poco después fue precintado por la Policía Local. También se recibieron llamadas por presencia de transeúntes en varias playas del municipio, así como por la actividad de algunos sectores o por labores de trabajo en el campo. Algunas de estas personas alegaron que se trataba de propiedades suyas y que tienen derecho a realizarlas.