El Concello de Cangas se convirtió legalmente en propietario del bajo y de la primera planta del edificio en julio de 2014, después de que el entonces alcalde, José Enrique Sotelo, y la secretaria xeral de la Consellería de Facenda, Socorro Martín Hierro, estamparan su firma en el documento notarial que lo acredita. La Administración local, que abonó entonces la primera de las diez anualidades de 38.308 euros (a las que se sumarían los intereses legales), frenó así el recurso contencioso-administrativo defendiendo la propiedad del edificio, después de que el alcalde Sotelo advirtiera que no dudaría en acudir a los tribunales si la consellería no cambiaba de criterio y procedía a la reversión.
En 1951, el Concello había cedido el terreno a la sociedad de labradores y ganaderos de Cangas para construir una casa social de la Hermandad y dependencias anexas, y se fijó en una cláusula que el inmueble revertiría al patrimonio municipal si no era dedicada a tal fin. La Xunta alegaba que habían pasado ya los 30 años de plazo para reclamar ese derecho y pretendía sacarlo a subasta, y Sotelo echó mano de jurisprudencia del Tribunal Supremo sosteniendo lo contrario, aunque finalmente optó por un acuerdo entre las partes y el Concello pagó a Facenda por recuperarlo.