El concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo, ante la decisión de la UTE Gestión Cangas de recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la ordenanza del ciclo integral del agua para este año, manifiesta que una vez más queda constatado que el principal y casi único interés de la empresa concesionaria es perpetuar su enriquecimiento "ilícito" en la media en la que fundamenta su recurso en reclamar en base a un contrato "que evidente contenido nulo".

Asegura Mariano Abalo que la UTE recurre una ordenanza, a pesar de que les reporta importantes ingresos y beneficios y que el hecho de pretender recurrir también la nulidad del contrato evidencia que la empresa pretende conseguir mayores beneficios a costa del Concello y de los vecinos de Cangas. "La UTE tiene todo el derecho a recurrir y defender sus intereses pero el Concello tiene la obligación y el deber de defender sus intereses legales y económicos que ahora mismo están amparados tanto por el acuerdo plenario como por le informe preceptivo y vinculante del Consello Consultivo de Galicia, de la misma forma que el gobierno municipal tienen la obligación de exigir el cumplimiento del contrato sistemáticamente incumplido". Mariano Abalo habla de la cuota fija de saneamiento, en la que se detectó la diferencia entre el precio que figuraba en el pliego de condiciones y después en el contrato. Hay que recordar que Mariano Abalo puso estos hechos en manos de la Fiscalía del Estado, que ahora los traslada a la de Pontevedra.

Abalo señala que "de conformidad con los pliegos que rigen el contrato, el Concello puede establecer las ordenanzas y las tarifas que considere de aplicación y, al mismo tiempo, ser coherentes con el compromiso de no poner al cobro las tarifas del Partido Popular y, por contra, confirmar la ordenanza y las tarifas aprobadas que permiten que los vecinos disfruten de una rebaja importante sobre el tarifazo impuesto por el ex alcalde José Enrique Sotelo y la UTE de Civis Global-Aqualia".