Tras múltiples gestiones en el consistorio de Cangas, Bernardino Faro Lagoa recogió a última hora del viernes el impreso de autoliquidación de las tasas correspondientes a unas obras de demolición parcial de un edificio de su propiedad con fachada a la Avenida de Ourense que, según apunta, permitirán legalizar el inmueble posterior, también suyo, que acoge el gimnasio Sport Club y otras instalaciones deportivas recientemente precintadas por la Policía Local. El también exedil asegura que, aunque el plazo está abierto hasta el día 3 de marzo, tiene previsto abonar esta misma semana el importe que figura en dicho impreso (1.400,57 euros). Añade que su proyecto, "retenido en los cajones de Urbanismo", ya ha recibido el informe favorable del arquitecto municipal y que sólo falta que le notifiquen la concesión de la licencia para empezar a trabajar.

La intención, explica el promotor, es demoler una parte de las dos plantas del edificio en cuyo bajo comercial se ubica la panadería familiar, exactamente el espacio que se sitúa sobre el túnel por el que ahora se accede al gimnasio desde la calle principal. La obra, que tendrá un coste aproximado de 30.000 euros, no afectaría a los pilares ni a las paredes laterales, y por lo tanto a la estabilidad de las edificaciones, abunda. De este modo, dicho paso quedaría a cielo abierto, requisito que serviría para salvar las trabas judiciales y proceder a su legalización. Faro Lagoa confía en resolver "a corto plazo" una situación que lleva años enquistada.

Pero, aunque la ejecución de dichas obras es una actuación "prioritaria", el controvertido empresario no ceja en su empeño de buscarle las cosquillas a los políticos y técnicos del Concello, a quienes acusa de precintarle las instalaciones deportivas cuando él ya había presentado un proyecto de legalización del inmueble y de negarles la documentación que pide sobre la gestión municipal. El escrito más reciente alude a la justificación de las obras en terrenos de la unidad de actuación 5 (Altamira) para acondicionarlos como aparcamiento, una actuación que estima "ilegal" porque supone "la inversión de dinero público en un espacio de titularidad privada".

Faro Lagoa asegura que ya ha dado instrucciones a su abogado para que reclame en vía judicial lo que no logra con las solicitudes en el Registro del Concello, anuncia "una querella" contra la jefa de Urbanismo por "tener escondido en su despacho" el proyecto de demolición parcial y legalización del edificio y recalca que la administración tendrá que resarcirle por todos los daños y perjuicios causados.