En octubre de 2019, el concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo, no descartaba recurrir la decisión del Consello Consultivo de Galicia. Técnicamente no lo hizo, ya que no se recurre la decisión del mencionado tribunal, sino que se acude a la Fiscalía para lleve el peso de la acusación contra la actual concesionaria del agua. Mariano Abalo estudia todas las fórmulas para desvincular al Concello de su contrato, que firmó cuando era alcalde José Enrique Sotelo (PP) de la UTE Gestión Cangas. Lo intentó con la nulidad del contrato y el Consello Consultivo de Galicia le dio en parte la razón, pero no declaró la nulidad.
También lo intentó por la vía de la rescisión del contrato, que a estas alturas ya no se sabe si sigue abierta o hay que reiniciar otra vez. La vía de la rescisión del contrato se basaba, sobre todo, en las inversiones que no se realizaron, pero que desde que la concejalía de Urbanismo la lleva el PSOE se están sacando adelante los proyectos. Pero Mariano Abalo siempre mantuvo que las inversiones que tenía que realizar la UTE no se sacaban adelante porque la empresa no quería.
