Bernardino Faro Lagoa, cuya familia es propietaria de las instalaciones precintadas por el Concello de Cangas, anuncia que impugnará la medida en sede judicial por haberse adoptado en una Xunta de Goberno Local "con falta de quórum", pues en ella participaron sólo cinco de sus siete miembros, una cifra "inferior a un tercio de la corporación [formada por 21 concejales], que es el mínimo que exige la ley". En consecuencia, argumenta, "la decisión municipal no es válida" y él la recurrirá, pidiendo daños y perjuicios por las consecuencias económicas y personales que acarrea. A la referida sesión no acudieron los concejales socialistas Eugenio González e Ingrid Loredana Oprea, aunque sí sus compañeros de grupo Sagrario Martínez y Hugo Fandiño, este último edil de Urbanismo.
Medida municipal
Faro Lagoa, que ayer se pasó parte de la mañana en el consistorio requiriendo distinta documentación, reitera que el precinto de sus instalaciones deportivas deriva de una decisión municipal, y no judicial, pues ya había comunicado al Contencioso que está tramitando en el Concello su legalización. Presenta el acta de la junta de goberno como prueba de la resolución municipal adoptada y muestra su confianza en que la tumbarán los tribunales.
