El gimnasio Sport Club Morrazo, vinculado al exconcejal Bernardino Faro Lagoa, fue precintado ayer por agentes de la Policía Local, que ejecutaron la orden dada por el alcalde el pasado día 7 de clausurar las instalaciones si antes no lo hacían los propietarios. Tras comprobar en los últimos días que el local continuaba con su actividad ordinaria, varios policías se personaron a primera hora de la mañana y esperaron a que llegara el dueño, que no se resistió a la medida, a pesar de considerarla injusta y de anunciar que tomará medidas contra esa decisión.
Un oficial y dos agentes se personaron en la puerta de acceso al gimnasio alrededor de las seis y media de la mañana, por orden de la Jefatura y a requerimiento del gobierno local, que decidió hacer efectiva la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Pontevedra, que en el mes de noviembre le había dado 20 días de plazo para asegurar el cese de la actividad del gimnasio bajo la advertencia de imponer multas coercitivas al alcalde hasta su cumplimiento. El plazo transcurrió, con creces, a la espera de que la propiedad presentara un plan de legalización que incluiría su demolición parcial y la regularización de las restantes construcciones de la parcela, y finalmente el Concello optó por ejecutar la sentencia,
El establecimiento estaba cerrado cuando llegó ayer la Policía Local, que esperó más de una hora hasta que llegó Faro Lagoa y le comunicó la orden de precinto, de proceder a su ejecución y levantar acta. El representante de la propiedad no mostró objeción y se limitó a solicitar a los agentes que le permitieran entrar para apagar la maquinaria del interior de las instalaciones. La incidencia se solventó en breve tiempo y los agentes procedieron a precintar la puerta principal con cinta y pegatinas, así como a levantar acta, firmada por las partes, del cumplimiento de la resolución de la Alcaldía.
Opciones
El regidor, Xosé Manuel Pazos, incidió tras finalizar la intervención en que no le quedaba otra opción que cumplir el mandato judicial y hacer efectivo el precinto, pues de lo contrario se exponía a tener que pagar multas de su propio bolsillo si incurría en desacato. No obstante, Pazos reitera que el cese de actividad no impide que los propietarios puedan continuar con sus planes de legalizar el gimnasio Sport Club Morrazo, y que el Concello actuará en consecuencia cuando disponga de la propuesta documentada.
"Al igual que se ponen, los precintos pueden quitarse. Si las instalaciones cumplen la normativa y se acredita, podría retomarse la actividad" en el gimnasio, señala Pazos, que asegura no tener inquina al propietario ni tomar decisiones por capricho, sino porque hay una deficiencias y un fallo judicial firme y él está obligado a acatarlo. "Si el gimnasio cumpliera la normativa y no causara molestias o se detectaran ilegalidades, no habría motivo alguno para cerrarlo", repitió Pazos, que se reunió antes con los técnicos municipales implicados.
