Uno de los siete investigados de Moaña por la Policía Nacional como consecuencia de una denuncia de Laliga de Fútbol Profesional por un delito contra la propiedad intelectual al visionarse en su establecimiento partidos de Champións consigue que los tribunales consideren que el delito cometido es menor. En un principio, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Cangas había considerado que se trataba de un delito grave y que las diligencias previas debía continuar como procedimiento abreviado. Sin embargo, la defensa del investigado, que en este caso corre a cargo del despacho de abogados de Lois Pena, interpuso un recurso de reforma, consiguiendo que se declara el caso como un delito leve.
El titular del Juzgado Número 3 de Cangas, David Pérez Laya, señala en su auto de 26 de diciembre que "en modo alguno puede considerarse que Laliga tenga atribuidas las funciones de producción y realización de la grabación audiovisual, sino solo de comercialización de derechos audiovisuales y de control de la producción y realización para restablecer un mismo patrón que garantice un estilo común. Por lo tanto, no se habría acreditado un derecho de propiedad intelectual que dicha entidad estuviera facultada para defender, ni se habría cumplido por ello el requisito de procedibilidad que requiere denuncia de la persona agraviada o sus representantes. No puede considerarse que el delito afectaría a los intereses generales o a una pluralidad de personas ya que solo habría un perjudicado, Laliga. Por ello, la única conducta que puede perseguirse y en su caso castigarse y de la que existen indicios es que el acusado obtenía la señal de televisión de forma fraudulenta, usando aparatos no autorizados por su legítimo titular. La decisión del juez del Número 3 aún puede ser recurrida en apelación.
Las declaraciones de los investigados por esta causa comenzaron en el mes de octubre del pasado año. Cuatro de los dueños de los establecimientos denunciados se negaron a declarar y a contestara a los abogados de la Laliga, pero sí respondieron a las preguntas de su abogado. Manifestaron que no estaban presentes en su bar cuando colocaron el aparato, ni saben cómo colocarlo. Declararon que dieron instrucciones precisas y concretas para que no instalaran ningún tipo de decodificador y que la principal actividad de los establecimientos no era la difusión de eventos deportivos.
Laliga reclama una media de 763,44 euros por establecimiento.
