La Guardia Civil investiga penalmente a un vecino de Moaña por un presunto delito de maltrato animal, acusado de haber amputado una de las extremidades anteriores de un perro de su propiedad. La alerta de varios vecinos que vieron un perro que caminaba con dificultad por la zona de la playa de A Xunqueira en el municipio de Moaña activó el protocolo de actuación de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Cangas que se hizo cargo de la situación.
Según el informe del Seprona el animal había sido retenido por varias personas cuando lo vieron deambulando por las inmediaciones de la playa para evitar un posible atropello, dado que caminaba con dificultad debido a que tenía amputada una de las extremidades anteriores.
Al levantar el vendaje que llevaba el perro en la pata amputada se comprobó que tenía un corte reciente, generando serias dudas de que fuese hecho por un profesional, debido a la inflamación que presentaba el miembro y al rudimentario vendaje que protegía la herida.
A través del microchip y de las informaciones facilitadas por los vecinos se pudo localizar al propietario del perro que, después de reconocer que le había amputado personalmente una de las extremidades anteriores debido a una herida que tenía en la pierna, fue notificado como investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal.
El perro fue recogido por un miembro de la Protectora de Animais do Morrazo, con sede en Moaña, y trasladado a una clínica veterinaria para su tratamiento.
Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de guardia de Cangas.
Este suceso ha provocado la reacción del colectivo animalista Libera! que ayer pidió que la Consellería de Medio Ambiente active los protocolos adecuados para investigar si el presunto maltratador de este perro en Moaña, al que habría cercenado la pata delantera derecha de forma "artesanal" tiene más animales a su cargo y proceda a posibles decomisos, reclamando además una inhabilitación permanente por crueldad. A pesar de que la normativa autonómica contempla sanciones de hasta 30.000 euros por actos de maltrato como el investigado en Moaña tal y como señala el colectivo animalista, y que las mismas se pueden complementar con la inhabilitación para la tenencia de animales por un máximo de diez años, el caso ha sido trasladado a un ámbito penal, donde esta suspensión de tenencia solo se eleva a los 3 años en los sucesos más graves.
Los animalistas señalan que una persona que es capaz de mutilar la pata a un animal indefenso no debería tener a su cargo ningún ser vivo jamás, por lo que sugiere que las administraciones tomen nota del enésimo acto de sadismo contra fauna doméstica para desarrollar las medidas legislativas adecuadas que permitan implementar inhabilitaciones permanentes con la obligación de asistir a cursos de rehabilitación y respeto animal.
