La situación del gimnasio Sport Club, ligado al exconcejal del PP y de UPAC, Nardo Faro Lagoa, regresa a la actualidad tras un año en el olvido. Lo hace porque el Concello de Cangas solicitó al Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Pontevedra que le conceda un plazo mayor y máximo de 20 días para terminar la elaboración del cronograma que en su día fue requerido para llevar a cabo la ejecución de la sentencia. El fallo judicial anulaba la licencia otorgada por el Concello de Cangas en el año 2013 y pedía al mismo que ordenara el cese de actividad que se está llevando a cabo en la edificación, con la adopción de las medidas necesarias "para la plena eficacia de dicho cese, así como requerir a la empresa interesada la retirada de inmuebles de cuantos útiles, objetos... sean inherentes a la actividad.También se indicaba que "se comunicará por el Concello al Juzgado los acuerdos que se adopten en tal sentido, entendiendo que se trata de actos de ejecución de sentencia, que no necesitan autorización de la entidad Sport Club Morrazo S.L.".
El Concello de Cangas no llegó a acordar el citado cese de actividad debido a que se estaba tramitando, a instancia de la entidad mercantil interesada, expediente de legalización de las obras y actividad referidas, si bien, por falta de cumplimento del requerimiento administrativo de subsanación de la solicitud de legalización, se ha acordado en fechas reciente del archivo de dichos expediente, acuerdo de archivo que finalmente no fue recurrida por Sport Club Morrazo.
El Concello de Cangas solicita también al Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Pontevedra que no se imponga ninguna multa coercitiva, por cuanto ni el alcalde ni el Concello tuvieron en ningún momento la intención de incumplir la sentencia dictada sino todo lo contrario.
En agosto de 2018, el alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE), aseguró que el ayuntamiento disponía de partida presupuestaria para afrontar el derribo del gimnasio Sport Club. El regidor local salía así al paso de las quejas de los vecinos del edificio de la zona, que reclamaban al juzgado la imposición de multas coercitivas al alcalde por la demora en la ejecución de la sentencia. En ese momento manifestó que no estaba por la labor de destinar la mitad de su salario a pagar las consecuencias de este gimnasio, pero que hacía falta adjudicar la demolición y dar todos los pasos preciso y recordaba que, en todo caso, las responsabilidades había que pedírselas a quienes le dieron la licencia, que fue el PP, cuando gobernaba en coalición con el propio Nardo Faro Lagoa, entre los años 2011 y 2015. Pero sí que es cierto que el anterior gobierno guardó silencio sobre la situación y que era totalmente desconocido para la opinión pública los argumentos que ahora alega el Concello ante el Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Pontevedra para cesar la actividad del gimnasio.
Y hay que recordar también que el citado juzgado, en 2013, además de anular el acuerdo de la junta de gobierno por la que se concedía licencia municipal de legalización al gimnasio Sport Club Morrazo, también desestimaba la solicitud formulad por escrito de 24 de junio de ese mismo año por la representación del Concello de Cangas sobre la inejecución de la sentencia que supone el derribo del gimnasio. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya había estimado en su momento el recurso de apelación presentado por la comunidad de propietarios del edificio sito en la primera travesía de Longán, número 9, Cangas, con el auto de fecha de 11 de noviembre de 2010, dictado por el juzgado de Pontevedra de ejecución de sentencia de derribo del citado gimnasio. El citado auto estimaba la solicitud de inejecución de sentencia presentada por el Concello de Cangas.
