La "medida 3" de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 14 de marzo de 2019 y sus consecuencias para Moaña siguen siendo un galimatías difícil de desentrañar. Después de considerarla de "obligatorio cumplimiento" el Ministerio de Hacienda asegura que "no hay medidas coercitivas por rechazar" esta orden, en referencia a los concejales de la corporación moañesa que votaron en contra de la misma en un pleno extraordinario celebrado el pasado 27 de octubre: del BNG, PSOE y XM. El PP optó por no votar aunque su postura consta como abstención.
Pese a todo el revuelo, no hubo en ningún momento comunicación oficial del Ministerio de Hacienda con el Concello y ayer por la mañana tanto los técnicos municipales como el bipartito entendían que, finalmente, se impuso el criterio del Pleno y no se unificarán los dos créditos solicitados en el año 2012 con cargo al Plan de Ajuste de pago a proveedores.
El concejal de Facenda, Aldán Santamarina, entiende que si no hay represalias es porque "tal e como informaban os nosos técnicos o Goberno central non tiña o sustento legal para poder impoñer esa medida, pois non a aprobou en ningún Real Decreto ou medida similar". Sin embargo, hasta la mañana de ayer todo apuntaba a que el ejecutivo central iba a acometer por su cuenta la unificación de los dos créditos en cuestión, obligando al Concello a asumir dos años de carencia y por lo tanto a afrontar 43.805 euros de gastos a mayores en concepto de intereses con los bancos. Y es que a finales de la pasada semana los dos créditos contratados con CaixaBank habían sido abonados supuestamente por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de unificar después ambas deudas en un solo crédito.
Sin embargo, ayer por la mañana volvían a estar habilitados los dos créditos y con los mismos importes de los pagos, según confirmó la alcaldesa, Leticia Santos. La regidora asegura que no le comunicaron ninguno de estos dos pasos aunque los técnicos municipales entienden que se impuso el criterio del pleno de rechazar la unificación y Moaña podrá evitar finalmente el pago a mayores en intereses.
Además, tal y como se aprobó en el pleno de este jueves, si ambos créditos quedan separados Moaña pagará el menor de ellos, de 141.727 euros, de golpe, para amortizarlo en vez de seguir pagando anualmente hasta 2023. Santamarina explica en caso de que se unificasen a la fuerza las deudas vivas con los bancos utilizarían estos fondos para amortizar el crédito global, que superaría los 2 millones.
Este pago que pretende liquidar el crédito de mayor importe dejaría la deuda municipal global en 4,7 millones de euros, lo que supone un descenso de 8,5 millones en poco más de cuatro años, algo que pone en valor la alcaldesa señalando que en 2023 Moaña estará libre de deuda pública.
Santamarina explica que la partida de amortización de créditos en los próximos cuatro presupuestos municipales podrá descender en más de 30.000 euros anuales al pagar este préstamo.
