El Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, puso en marcha una medida económica de obligatorio cumplimiento que obliga a los Ayuntamientos con dos o más créditos solicitados mediante el Plan de Ajuste vinculado al pago a proveedores -al que se adscribió Moaña durante el mandato de José Fervenza- a unificar estos préstamos y aceptar un periodo de carencia de dos años. Esto implicará, en el caso de Moaña, el pago de unos intereses a lo largo de los dos próximos ejercicios de unos 50.000 euros sobre lo previsto. Esto supone un perjuicio para las cuentas municipales de Moaña en beneficio de las entidades bancarias. Y es que el bipartito no tiene problemas para afrontar los pagos, como puede ocurrir en otros municipios. De hecho, paga escrupulosamente sus cuotas trimestrales que suponen un desembolso total de 600.000 euros al año.

Moaña cuenta con dos créditos vivos del Plan de Ajuste, uno con algo más de 2 millones pendientes y otro con 140.000 euros. El ejecutivo local trató de liquidar el más pequeño para evitar acogerse a esta medida para asuntos económicos del 14 de marzo de 2019, pero esta solución no fue aceptada desde la Administración central. Por lo tanto, deberá unificar sí o sí los créditos, afrontar el pago de los intereses a mayores y en las dos últimas anualidades acometer pagos superiores al millón de euros.

La intención del bipartito es, desde que tomó las riendas del gobierno local, dejar Moaña sin deuda pública en el año 2023, lo que mejoraría la capacidad de asumir obras de mucho coste como podría ser el pago de parte del demandado auditorio municipal.

Si el Concello amortiza deuda al principio de cada año por el importe previsto de 600.000 euros puede reducir este pago a mayores a los bancos a 17.000 euros.

En su informe, la interventora municipal insiste en lo perjudicial de la medida impuesta por el Gobierno central, alegando que "no solo resulta difícilmente defendible desde un punto de vista jurídico, sino que determina el incumplimiento de otras normas a las que indudablemente sí se encuentran sometidas las autoridades y funcionarios locales en su actuación".

El informe de Intervención concluye también que esta unificación de los créditos supone la asunción, por parte del Concello, de nuevos riesgos y costes financieros.

Lo más curioso es que, aunque la adhesión a esta medida es obligatoria para Concellos de las características de Moaña, se obliga a su aprobación plenaria. Los grupos políticos estudian convocar para este viernes una sesión extraordinaria.