Barros ya finalizó el derribo y desmantelamiento de la planta de hormigón que tenía en el Alto de A Portela, en Cangas, y se asienta en el polígono de Castiñeiras, en Bueu. El alcalde de la localidad, Félix Juncal (BNG) confirmó que la hormigonera de Barros ocupaba ahora la nave donde antes de la crisis económica se situaba la de la firma Prebetong, dedicada también a la fabricación de hormigón.
El regidor buenense señala que la nave donde ahora se implanta Luis Barros en el polígono de Castiñeiras tiene licencia municipal y que la empresa presentó hace meses en las dependencias municipales la correspondiente documentación para el cambio de titularidad, que es lo que precisa.
La pasada semana se había aplicado la orden de derribo que es consecuencia de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La pasada semana se desmanteló la cubierta de las naves, pero ya en marzo de 2019 Luis Barros comenzó ya el desmantelamiento con con los silos de la hormigonera. El derribo no lo pudo evitar ni tan siquiera el PERI que se pretende desarrolla en esa zona después de una modificación puntual de las Normas Urbanísticas llevada a cabo y que iba a permitir legalizar todo ese "polígono industrial", cuyas naves tenían licencia municipal provisional amparándose en la transitoria de la Ley del Suelo. Hay que recordar que los trabajadores de esta firma empresarial presentaron también denuncia contra 19 empresas situadas en esta zona de A Portela.
Proceso legal
Los tribunales invalidaban la licencia definitiva concedida el el 6 de junio de 2006 en base, fundamentalmente, a tres argumentos: incompatibilidad de las obras y la actividad a la que vienen destinadas con la normativa urbanística de aplicación, a que la planta están ubicada en suelo clasificado como rústico y en que no se cubrió el trámite de proceso de exposición pública de la licencia, que es obligatorio al tratarse de una actividad molesta.
Fue la asociación de vecinos que presidía por aquel entonces Luis Gil quien procedió al demandar a la empresa. Pasaron trece años desde que los vecinos presentaron la denuncia en un juzgado de Pontevedra, que después fue confirmada por el TSXG.
Luis Barros y el propio Concello de Cangas, con Mariano Abalo como edil de Urbanismo, hicieron un último intento para frenar el derribo de las instalaciones. En este sentido, presentaron ante el alto tribunal gallego un recurso de "inexecutabilidade" que no prosperó. El Concello defendió esta salida porque lo que perseguía principalmente no era el derribo, sino la paralización de la actividad. El recurso fue rechazado por el TSXG.
Cuando los vecinos solicitaron la ejecución de la sentencia, en julio de 2010, temían a que la nueva Ley del Suelo propiciara una amnistía y la hormigonera se salvara. "La nave la tienen que tirar sí, o sí, después que hagan lo que quieran con el terreno", manifestaba por aquel entonces Luis Gil.
