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Cangas denuncia ante el TSXG al Consorcio Galego de Igualdade e Benestar

Solicita que se suspendan de manera cautelar las liquidaciones presentadas, con las que no está de acuerdo el gobierno

Escola infantil pública de O Hío. // Santos Alvarez

El Concello de Cangas presentó un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra las liquidaciones giradas por el Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, derivadas del régimen de cofinanciación para las escuelas infantiles que hay en el municipio: la galiña azul de O Hío y la de A Choupana.

En el recurso, el Concello de Cangas hace mención a que dados los daños y perjuicios que la ejecución de la resolución recurrida le causaría, solicita la suspensión de la ejecución de las liquidaciones, pues se está hablando de cantidades elevadas que pueden suponer un fuerte quebranto para la Hacienda Local.

El concello de Cangas firmó en su momento el convenio con el Consorcio Galego de Servicios de Benestar Social de Igualdade e Benestar, con el fin de compartir gastos con la Xunta de Galicia para el mantenimiento de ambas infraestructuras. Pero a través de la reforma de una ley en 2017, concellos como el de Cangas comenzaron a hacer frente también al pago de personal. Aplican un importe por el número de matriculados a principios de año que después siempre varía, como apunta muy bien Victoria Portas, concejala de Servicios Sociais, Igualdade, Feminismo e Sanidade del Concello de Cangas. También, señala, que cobra lo mismo independientemente de si un niño va una hora o va ocho, por ejemplo.

Victoria Portas afirma que el Concello de Cangas decidió denunciar al Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar porque al igual que otros concellos de Galicia considera que se está generando un nuevo impuesto. Asegura que se están aplicando unas tarifas que no son las conveniadas y que hacen referencia a los gastos de personal. Victoria Portas apunta que se trata de unas liquidaciones por un importe de 97.000 euros anuales. La concejala va incluso más lejos y sostiene que en la aplicación de estas tarifas la Xunta puede estar incurriendo en caso de incostitucionalidad, ya que obliga a generar un nuevo impuesto y recuerda que al principio el convenio solo hacía referencia al mantenimiento.

También se tiene en cuenta que hubo una reforma en la ley y que aquellos convenios que no tenían plazo de duración ahora se tendrían que terminar a los cuatro años de su entrada en vigor. Esta circunstancia la tiene muy en cuenta el Concello de Cangas.

Pero lo que más urgen, al gobierno local de Cangas, es que se suspenda de forma cautelar las liquidaciones que giró el consorcio, para que la Hacienda Local no se vea afectada. Hay que tener en cuenta que el gobierno municipal está en el momento, ahora, de la elaboración de los presupuestos municipales para el 2020.

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