Una empresa contratada por la firma Promociones Luis Barros comenzó ayer a realizar los trabajos de desmantelamiento de la planta de hormigón que tiene en lo Alto de A Portela. Estos trabajos forman parte de la ejecución de la orden de derribo como consecuencia de una sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El Concello de Cangas firmó a principios de semana la orden y la empresa solicitó una moratoria de diez días para retirar algunas pertenencias. El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), reconocía ayer que no puso inconveniente a la petición de la empresa, siempre y cuando el juzgado no dijera lo contrario.
Ayer se llevaba a cabo los trabajos de desmantelamiento del tejado de la nave. Hay que recordar que en marzo de 2019, Luis Barros comenzó ya a desmantelar la planta de A Portela con la intención de trasladar los silos a otro emplazamiento. Una grúa de gran tamaño llevó a cabo la compleja operación. Pero por aquel entonces, el propio regidor local aseguraba que nada tenía que el Concello de Cangas nada tenía que ver con esa operación, porque aún no se había dado orden de ejecutar el proyecto de demolición, con el fin de cumplir la sentencia del TSXG. El fallo ordenaba el derribo de la planta por considerar que la actividad que se realizaba en la planta era nociva e insalubre. También en ese momento, Estela Barro, hija del propietario y que ejercía como abogado de la empresa, aseguraba que la presencia de las grúas en la planta de hormigón de A Portela había que hacérsela al Concello de Cangas. Aún así, Pazos insistió en que el ayuntamiento nada tenía que ver con esa operación. Ahora sí. Ahora deja claro que el desmantelamiento del tejado de la nave es consecuencia de la orden de derribo. Lo que era cierto es que la planta se encontraba precintada por orden judicial y que en septiembre de 2018 se levantó la misma para que la empresa pudiera retirar material de las instalaciones.
En 2018, el TSXG se pronunció sobre el recurso interpuesto por Promociones Luis Barros y el propio Concello de Canas que pretendía la "inxecutabilidade" de la sentencia que obliga a demoler la planta. Era una de las pocas salidas que le quedaba a la empresa. El Concello, por su parte, perseguía con este incidente de inejecución de sentencia, el cese de la actividad de la planta. En marzo de 2009, Luis Barros anunció que solicitaría al Concello una indemnización millonaria si ejecutaba la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra.
