La denuncia contra los locales de Moaña, que también se extiende a toda España, la presenta La Liga de Fútbol Profesional y como se puede constatar en la documentación que se adjunta afectan a más de un sector de la economía nacional, ocasionado con ello tanto una grave repercusión en el tráfico mercantil como un grave perjuicio patrimonial, no solo de LaLiga, sino también en una generalidad de personas y agentes intervinientes en sectores como el audiovisual, el hostelero y el de deporte profesional, los cuales tienen entre sí evidentes vínculos comunes. Resulta, por tanto, competente, esta comisaría General de la Policía Judicial para el recibimiento y tramitación de la presente denuncia".

LaLiga hace mención a que conforme al Real Decreto Ley tiene la obligación de propiciar la conservación del valor futuro del producto, entendiendo como producto los contenidos audiovisuales concernientes a los partidos de las competiciones organizadas por "nuestra representada... Siendo la comercialización de los derechos audiovisuales a los operadores de pago una de las principales fuente de ingresos de La Liga y, por ende, de sus clubes, y sociedades anónimas deportivas afiliadas".

LaLiga, en su denuncia, realiza un cálculo "grosso modo" y dice que hasta fecha en la que presentó la demanda, tan solo de multiplicar las mensualidades transcurridas entre el 17 de agosto y el 17 de noviembre por el coste medio mensual del canon (254,48 euros) y por el número de establecimientos ilegales detectados en toda España, se habrían ocasionado a los operadores con licencia a unos perjuicios económicos de 3.354.555,38 euros; es decir, cada establecimiento pirata ha dejado de abonar a los operadores legales la cantidad de 763, 44 euros de media.