La campaña de boicot contra la concesionaria de la cafetería del Hospital Meixoeiro de Vigo, con pintadas y daños en las instalaciones entre 2013 y 2015, atribuida a un grupo de trabajadores en el marco del conflicto laboral, llega a juicio cuatro años después. La vista tendrá lugar el próximo mes de octubre en el Juzgado de lo Penal 3.
En el banquillo de los acusados se sentarán 13 exempleados imputados por la acusación particular que solicita penas de hasta 4 años de prisión. La Fiscalía, por su parte, acusa solo a tres de ellos por coacciones y daños, por lo que solicita condenas de entre diez meses a un año y medio de prisión. La pena más elevada se propone para el delegado sindical que firmó el convenio que debería poner fin al conflicto laboral, sin que cesara la campaña de presión.
El Ministerio Público solicita el archivo de hechos anteriores ocurridos entre 2010 y 2012 al considerarlos prescritos o cuyos autores no han sido identificados y que tuvieron lugar ates del convenio colectivo de enero de 2013, por lo que reclama el sobreseimientos contra cinco imputados inicialmente.
En su escrito sostiene que los tres acusados "participaron de común acuerdo, con otros trabajadores no identificados" en la campaña para "obstaculizar la actividad empresarial y laboral a fin de lograr que la empresa OH_Vigo cesara en su actividad y abocarla a ceder el servicio al hospital Meixoeiro" y contra su gerente. Así, expone que el "boicot" incluyó "numerosas pintadas" con frases insultantes en la cafetería, en las paredes de acceso al hospital, vías públicas y redes sociales.
Además, se les acusa de causar daños en las instalaciones, caso el compresor de la cámara de congelados, obturar con loza los baños o la bomba del tren de lavado. El entonces delegado sindical, está acusado de pegar un cabezazo a una cocinera y dañar el circuito de vídeo vigilancia.
Como consecuencia, el gerente de OH_Vigo sufrió trastorno psiquiátrico de ansiedad, si bien la Fiscalía no considera acreditado que derivara específicamente de estos hechos, pues la empresa estuvo inmersa en ERES, huelgas y juicios por despido. La acusación particular sí vincula el daño moral del empresario con la campaña de boicot, y reclama 210.000 euros de indemnización para éste y más de 500.000 para la empresa por daños materiales, morales y económicos por lucro cesante.
