Con la abstención del PP y los votos a favor de Avante! y BNG, el gobierno sacó adelante la propuesta de anulación del contrato del ciclo del agua que tiene que trasladarse, de nuevo, al Consello Consultivo de Galicia, cuya decisión es preceptiva y vinculante. Aunque ayer Mariano Abalo amenazara con los tribunales. Tanto BNG como Avante! intervinieron para pedir que en esta ocasión se realizan los trámites con precisión y también para pedir un plan B si se produce la anulación del contrato. En el PP había miedo de que ya no se pudiera solicitar la anulación al Consello Consultivo porque había pasado el plazo previsto después de que este organismo lo devolviera y también dudaba de que el alcalde, mediante decretos tuviera la potestad para decidir sobre esta cuestión. Xosé Manuel Pazos replicó que es cierto que hubo dudas en los técnicos sobre la competencia, pero el asunto estaba ayer en el pleno, por lo que el PP no tenía razón para quejarse.
La anulación del contrato está basada en el informe de Intervención del 15 de julio de 2018, en el que se aprecia una discordancia entre el importe fijado para la cuota fija de saneamiento establecida en el anteproyecto de explotación elaborado en fase de preparación de contrato y la contenida en el documento de formalización, concretamente la diferencia estriba en que la tarifa de saneamiento que se aplica es superior a la que se reconoce en el pliego.
