Cuatro años y numerosas intentonas y el gobierno local en funciones no fue capaz de finiquitar la relación contractual entre la UTE Gestión Cangas y el Concello de Cangas. Era básico en la estrategia de gobierno no solo modificar la ordenanza municipal, que sí que se hizo, pero sin que eso supusiera después un continuo ir y venir a los tribunales de justicia. De momento, al gobierno local en funciones este asunto solo le trajo dolores de cabeza, discusiones entre sus miembros y amenazas de quebrar el pacto. Ahora, con el nuevo escenario político, aparece un escenario diferente. El PSOE, con sus cuatro concejales, se supone que seguirá la línea que marcada por la nueva ejecutiva, que no es partidaria de romper lazos de forma abrupta con la concesionaria del agua.
Por su parte, la empresa sigue abierta a un pacto del agua. Esta era la posición de la UTE cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Pontevedra anuló la resolución de la junta de gobierno que desestimó la petición de un millón de euros de indemnización. El citado tribunal no fija cantidad , pero marca las pautas que se deben seguir para que después se determine en la ejecución de sentencia.
