El pleno de la corporación municipal aprobó el 22 de febrero pasado, con la abstención del Partido Popular, declara la nulidad el contrato con la concesionaria del servicio del ciclo integral del agua por los motivos ya expuestos. Se dejó claro que lo que se aprobaba en la nulidad, no la rescisión del contrato. A principios del mes de abril, el citado órgano consultivo comunicó al Concello que retrasaba 15 días su decisión sobre la nulidad del contrato del agua. Este retraso hacia pensar al gobierno que se trataba de una cuestión de fondo, no de forma, como la primera vez, cuando el expediente llegó sin el preceptivo informe de Intervención y de Sercretaría. También se aclaró que la nulidad del contrato no suponía la rescisión del mismo, sino que en el caso de que el Consello Consultivo de Galicia diera la razón al Concello de Cangas, éste tendría que volver a negociar con la concesionaria, la UTE Gestión Cangas.

Pero se volvía a equivocar el gobierno, el retraso sí estaba relacionado con una cuestión de forma. La decisión del Consello Consultivo tuvo lugar el 10 de abril de 2019, pero no transcendió hasta ahora. El gobierno local no mencionó en ningún momento que el Consello Consultivo se había pronunciado en ese sentido.

Cuando el noviembre de 2018 el Consello devolvió el expediente al Concello para su ampliación (en este caso era para la rescisión del contrato) se mencionaba que faltaba el informe de Intervención, que era vinculante y también el de Secretaría y que el gobierno debía contestar de forma "suficiente" a todas y cada una de las alegaciones de la concesionaria. El informe de Secretaría presentado después concluía que el contrato del agua debe declararse nulo de pleno derecho. y se realzaban las legaciones de la UTE.