La empresa viguesa Xestión Ambiental de Contratas SL es la preseleccionada por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) para acometer el derribo del antiguo Club Ciros, al borde de la N-5550 en Vilaboa. Esta actuación, para la que solo resta la confirmación de la adjudicación definitiva por algo menos de 180.000 euros, llega más de una década después de que la Xunta decretara la demolición de un edificio que oficialmente consta como "bar-restaurante, pub y complejo hotelero" pero que siempre careció de licencia municipal y de autorización autonómica. Durante años funcionó como club de alterne, hasta su cierre definitivo.
La APLU convocó el concurso para adjudicar este derribo hace cinco meses y recibió hasta una veintena de ofertas. Tras excluir algunas por "no justificarse su viabilidad" económica, la Xunta opta finalmente por la propuesta "más ventajosa", es decir, la más barata, de 147.680 euros, que llega a unos 180.000 si se añade el IVA, 118.000 menos del presupuesto de salida. El plazo de ejecución es de noventa días.
La demolición podría comenzar este mismo verano, casi catorce años después de la primera orden administrativa, de octubre de 2005. Desde entonces el futuro de la edificación del antiguo Club Ciros estuvo en manos de los tribunales, ya que sus propietarios trataron de impedir esa demolición, no solo con una sucesión de recursos judiciales sino también con la búsqueda de otras alternativas de uso del edificio para no tener que pagar la demolición. El club de alterne lleva ya más de cinco años cerrado como tal y, por tanto, acumulando abandono y deterioro. Una de esas opciones fue ofrecer su uso al Concello de Vilaboa como centro de día para personas de la tercera edad, aunque no fraguó.
En octubre de 2005 el director xeral de Urbanismo firmó la resolución que declaraba "ilegales e ilegalizables las obras de construcción de una edificación dedicada a uso hotelero" en Paredes, así como "las obras y usos implantados por la entidad mercantil sin la preceptiva autorización autonómica y licencia urbanística municipal".
Aquella resolución ordenaba su demolición y prohibía "definitivamente los usos a los que diesen lugar, ordenándose el cese inmediato de los usos y actividades de bar-restaurante, pub y complejo hotelero que se venían desarrollando en la edificación ilegal; y apercibiéndose a los interesados de que en caso de incumplimiento de la orden de demolición en el plazo concedido y de cese inmediato de la actividad se procedería a su ejecución subsidiaria o a su ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas"
Llegaron a imponerse al menos seis de estas multas y en noviembre de 2014 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) parecía zanjar los pleitos judiciales al ratificar la decisión de la APLU de acometer el derribo forzoso, mediante la ejecución subsidiaria.
