El Consello Consultivo de Galicia comunicó al Concello de Cangas que la decisión sobre la nulidad del contrato del agua se aplazaría otros quince días más. Esto hace pensar al gobierno local que el retraso no puede deberse a una cuestión de forma, como sucedió la otra vez que el expediente había llegado sin el preceptivo informe de Intervención, sino que se debe a una cuestión de fondo, lo que de alguna manera tranquiliza más al gobierno local.
Fue en el pleno de febrero cuando la corporación municipal de Cangas aprobó, con los votos favorables de todos los grupos políticos, excepto el PP (se abstuvo) la propuesta de la Alcaldía de declarar la nulidad el contrato con la concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, al entender que existe contracción entre el documento que lo formaliza, firmado en 2014, y las determinaciones que figuran en el proceso de licitación. la diferencia estriba en la tarifa de saneamiento que se aplica, superior a la que reconoce el pliego, y que según el gobierno local supone un desfase de de 132.000 euros anuales a favor de la UTE formada por Aqualia y Civis Global. Fue el acuerdo plenario lo que se trasladó al Consello Consultivo de Galicia.
El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) volvió a aclarar ayer que la nulidad del contrato no suponía la rescisión del mismo, sino que en el caso de que el Consello Consultivo de Galicia diera la razón al Concello de Cangas, éste tendría que volver a negociar con la concesionaria, la UTE Gestión Cangas.
La empresa recordó no hace mucho que la modificación de la ordenanza fiscal aprobada por el Concello supuso una notoria disminución de las tarifas abonadas por los usuario de los servicios gestionados por la esta entidad y que fueron expresamente integradas en los pactos que conforma el contrato de la concesión. En este sentido solicitó al concello una compensación de económica por la cantidades 618.677 euros, tras ganar el asunto en los tribunales.
