Representantes de cuatro de las cinco cofradías de pescadores a las que la Consellería de Mar denegó las ayudas para la contratación de vigilantes y biólogos, por constarles alguna infracción grave por comercializar marisco con talla menor a la permitida, se desplazaron ayer a Madrid para entrevistarse con la secretaria general de Pesca en el Ministerio, Alicia Villauriz, con el fin de buscar una solución a esta situación que es la punta del iceberg que puede llevar a la destrucción del sistema de cofradías de Galicia. Hasta la capital de España se desplazaron los patrones de Aldán, Juan Manuel Gregorio; Rianxo, Miguel Iglesias; Barallobre, Jorge López; y la patrona de Ferrol, Isabel Maroño; acompañados por el abogado Alberto Múñoz y la patrona y concejala de Vilanova, María José Vales, con la ausencia de representación de Carril, la quinta cofradía afectada.

Tal y como señala el patrón de Aldán y corrobora el letrado, todos salieron satisfechos de la reunión ya que la secretaria de Pesca "escuchó y entendió, porque es gallega y conoce la singularidad de aquí" la problemática y se comprometió a mediar una solución con la conselleira de Mar, Rosa Quintana, que ya trasladó su queja por este mismo asunto a Bruselas, incluso acudir ambas a la Comisión Europea, aunque también reconoció que el asunto tiene encaje difícil.

El problema, señalan las cofradías afectadas, es la interpretación "inaudita" que ha realizado la consellería respecto al reglamento del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) de 2014, que en su artículo 10 establece que en caso de sanciones graves no se puede optar a las subvenciones de la Unión Europea durante un año. Señalan que Galicia ha sido la única comunidad autónoma en aplicar de esta manera el reglamento a las cofradías por cantidades "ínfimas" de marisco con talla ilegal en comparación al montante global que comercializan y teniendo en cuenta que se habla de milímetros, no de atunes o de pesces espada de la flota de altura. Explican que por sanciones de 250, 300 o 400 euros, las cofradías se han quedado sin la posibilidad de subvenciones de 30.000, 60.000 o 80.000 euros para afrontar los gastos de sus vigilantes y asistencias técnicas (biólogos) y que esta situación afecta ahora a cincocofradías, pero ya hay 7 expedientes más abiertos. En el caso de Aldán, fue una sanción de 250 euros por un lote de 20 kilos de almeja que les ha dejado sin 30.000 euros para pagar a un vigilante y a un biólogo que ya contraron por un año, en julio. En Rianxo aseguran que son 6 vigilantes y un biólogo; en Ferrol, 3 vigilantes y un biólogo; y en Barallobre, ya con un ERE, 5 vigilantes

Muñoz asegura que esta situación provoca, en primer lugar, desempleo porque las cofradías no pueden pagar por sí solas los gastos de los vigilantes y biólogos que también realizan un trabajo para los guardacostas de la consellería; en segundo lugar y al no haber vigilancia en las playas, dice que aumentará el furtivismo; y en consecuencia también se generará un problema de salud pública. Añade que le transmitieron esta situación a la secretaria general de pesca "y lo entendió" y que ellos no pueden darle una "explicación razonable" a la intepretación del reglamento que ha hecho la consellería porque pone en riesgo a las 61 cofradías gallegas, que son el motor económico de muchos pueblos. Dejan claro que lo que piden no es que se ampare marisco ilegal, sino que se le dé una interpretación en su justa medida al reglamento, porque "no pasa así ni en Portugal". Las cofradías afectadas han presentado un recurso de reposición a la denegación de la subvención por parte de Mar y siguen a la espera de respuesta.